Por Patricia Valli

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El debate por preservar la biodiversidad tendrá una cita clave este año en Cali, Colombia, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), donde se busca asegurar la mayor cantidad de fondos posibles para cubrir las necesidades de financiamiento y determinar mecanismos para medir el éxito de los programas.

Uno de los ejes del encuentro, que tendrá lugar entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre, es generar recursos financieros donde se reconozca el aporte de los países que son reservorios de biodiversidad, sin derivar en un mayor endeudamiento para las naciones del Sur Global.

El presidente de Colombia y anfitrión de la COP16, Gustavo Petro, consideró que, aunque es una cumbre sobre biodiversidad, “tiene que lograr una declaración del cambio de deuda pública externa por acción climática”.

Lo planteó como “la posibilidad de un Plan Marshall, pero en toda la Tierra, en función de mitigar, es decir, de dejar de emitir dióxido de carbono (CO2), y en función de adaptarnos a lo que ya es una crisis climática”, en referencia a lo que fue el plan de financiamiento para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Para el mandatario colombiano –así como para su ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad–, la crisis climática y la crisis de biodiversidad son “dos caras de una misma moneda”, por lo que las soluciones -incluidas las financieras- deben ser conjuntas.

Biodiversidad con déficit financiero

La pérdida de ecosistemas podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) mundial en hasta $2,7 billones por año para 2030, señala la iniciativa de Financiamiento de la Biodiversidad (BIOFIN) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El mayor impacto sería en los países de ingresos bajos y medio bajos.

Para evitarlo es necesario cubrir el déficit de financiamiento mundial para la biodiversidad, estimado en un promedio de $700.000 millones anuales. La necesidad total de financiamiento puede llegar al 0,8% del PIB mundial, mientras que el gasto público en biodiversidad alcanza 0,3% del PIB en un promedio de 30 países seleccionados. El cierre de la brecha es factible si se destinan los recursos necesarios.

"El Marco Mundial para la Biodiversidad (GBF, por sus siglas en inglés) ha puesto números concretos para la movilización de recursos, lo cual es un salto de calidad dado que ello no se indicaba en las pasadas Metas de Aichi vigentes de 2011 a 2020", recordó Ana Di Pangracio, directora del área de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

"Pero el marco a 2030 se queda corto aspirando a movilizar de todas las fuentes, al menos, $200.000 millones al año. El cierre de la brecha de financiamiento se vería beneficiado con la eliminación, reforma y redireccionamiento de incentivos y subsidios perjudiciales para la biodiversidad, otro mandato del Marco Mundial de Biodiversidad (meta 18)", agregó.

Se estima que los subsidios nocivos representan $500.000 millones por año, recursos que –si se destinan a conservación y uso sustentable de la biodiversidad– podrían cerrar la brecha de financiamiento.

“Hay mucha expectativa puesta en la COP de Cali para acercar la brecha de financiamiento y lo que se necesita para cumplir con las metas de biodiversidad”, explicó Elisabeth Möhle, licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas e investigadora de Fundar.

“Hay discusiones sobre cómo y cuándo se habilitan los fondos y quién controla la ejecución”, detalló Möhle sobre lo que está en la mesa de negociación. Eso incluye el trabajo sobre el desarrollo de indicadores y cómo medir el éxito o fracaso de un programa.

Canje de deuda

Los canjes de deuda por naturaleza existen desde la década de 1980 y varios países latinoamericanos ya han recurrido a ellos. Un análisis, publicado en 2022 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras evaluar 100 operaciones en todo el mundo, concluyó que el volumen total de alivio de la deuda ha sido modesto, con un valor cercano a $2.600 millones que ha financiado un gasto relacionado con naturaleza de unos $1.200 millones.

Ahora Petro los ve como un instrumento para financiar los cambios hacia una producción más sustentable, pero parte de la premisa de “cambiar deuda por acción climática”.

Los países desarrollados “deben contemplar la reparación de los daños generados y el alivio de las deudas actuales, en lugar de imponer nuevos préstamos que comprometen la sustentabilidad financiera de las naciones en vías de desarrollo", coincidió Di Pangracio, para quien las alternativas de financiamiento privado "sólo pueden aceptarse si hay garantías de que la lógica de la ganancia no se imponga sobre la socioambiental”.

Los fondos para abordar los problemas socioambientales “no deben generar deuda insostenible en los países del Sur Global. Antes de considerar nuevos financiamientos, es imperativo reflexionar sobre la necesidad de una revisión de las deudas existentes”, agregó.

El canje de deuda por clima o naturaleza funciona bajo los canales habituales del mercado financiero. “Un país con deuda en moneda extranjera puede convertirla en deuda bajo moneda local o cambiar de instrumento, pero esto en la práctica puede tomar dos formas: negociaciones largas y costosas con el acreedor, sea el FMI, organismos como el Banco Mundial o una deuda bilateral, o cuando se trata de acreedores privados, puede intervenir una organización no gubernamental con fondos para financiar la recompra de deuda”, explicó Pablo De la Vega, economista de la Universidad de La Plata en Argentina e investigador de Fundar.

Las operaciones de canje de deuda hasta ahora fueron escasas. El más resonante hasta el momento fue el de Ecuador, con los “bonos de Galápagos”, una operación de canje en la que intervino el Credit Suisse en una recompra de $1.600 millones de deuda por un total de $644 millones.

“Los países que hacen estas operaciones son de ingresos medios o altos y no hay casos de bajos ingresos. Los montos que se negocian son chicos”, agregó De la Vega, que además señala que “son operaciones poco transparentes”, por lo que se requiere un marco general. Si bien sirven para casos particulares, son difíciles en países con elevada carga de deuda si hay dudas sobre la sostenibilidad.

Para los países de menores ingresos se habilitaron, en los últimos meses, líneas adicionales contra el cambio climático desde los organismos internacionales tradicionales. Desde el FMI detallaron que, a través del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF, según sus siglas en inglés), hay líneas para países vulnerables. Se aprobaron 20 acuerdos que comprometen $9.600 millones, de los cuales se desembolsaron ya $2.800 millones. Si bien son recursos con tasas y plazos más flexibles, representan un endeudamiento tradicional.

costa rica duplicar bosques

Una discusión que se extiende a la COP29

El canje de deuda por naturaleza y acción climática se analiza también en las negociaciones de la COP29 que tendrán lugar en Bakú, Azerbaiyán, entre el 11 y 22 de noviembre de este año, donde el foco es la negociación de una nueva meta de financiamiento climático, la New Collective Quantified Goal (NCQG), para que los fondos sean “consistentes con desarrollo bajo en carbono y resistentes al clima”, explicó Sandra Guzmán, fundadora y coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

Entre las propuestas en danza se plantea articular los mercados de carbono dentro de la nueva meta, así como los canjes de deuda por clima o mecanismos de impuestos globales.

“En 2009 se estableció la meta de $100.000 millones a partir de 2020. Pero son insuficientes para hacer frente a las necesidades actuales. Por eso se establece la necesidad de generar una nueva meta objetiva y cuantificable, para fines de 2025, por lo que debería acordarse este año”, agregó Guzmán en el marco de las negociaciones previas para llegar con un borrador a la COP29.

Los países desarrollados y en desarrollo tienen visiones diferentes sobre quién debe garantizar los recursos. Los primeros creen que deben participar todos los países que estén en condiciones de hacerlo. Los países en desarrollo indican que la responsabilidad cae sobre los desarrollados, según el artículo 9 del Acuerdo de París. Las necesidades de financiamiento trepan a $1 billón anual como mínimo.

Los emergentes plantean además que los recursos “ya no son sólo para mitigación y adaptación, sino que deben atender las pérdidas y daños”, lo que genera resistencia en los países desarrollados. Y desde los emergentes también plantean que no generen más deuda.

América Latina es la tercera región receptora de financiamiento después de África y Asia Pacífico, pero la mayoría (el 85%) viene en formas de préstamos, lo que aumentó la deuda de los países, que tiene entre los mayores receptores a Brasil, México y Colombia.

Se necesita dinero

Recapitulando: la protección y gestión de la biodiversidad requiere $700.000 millones anuales, pero el GBF estableció un monto de $200.000 millones. El clima estaría necesitando aproximadamente $1 billón al año y aún no se tiene una meta cuantificable.

El mundo, específicamente el Sur Global, requiere de recursos financieros para cumplir con los compromisos de ambas convenciones. En la antesala de las negociaciones, un informe del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE da cuenta de “un nuevo récord en la financiación del desarrollo para la biodiversidad de $7.100 millones” en 2022, un aumento del 8% con respecto a 2015. Las cifras, sin embargo, están lejos de lo reclamado para cubrir las necesidades de financiamiento.

Las negociaciones de la COP16 y COP29 comparten el reclamo por mayores fondos y la búsqueda de un sistema cuantificable para los aportes pero, pese a los puntos en común, las discusiones se mantienen por separado, lo que puede afectar las posibilidades de conseguir los recursos necesarios.

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