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*Por Hassel Fallas (La Data Cuenta) y Michelle Soto (Ojo al Clima).
En las últimas dos décadas, en el mundo, se han hecho cuantiosas inversiones que superan los US $653.000 millones para lidiar con el cambio climático, monto que incluye tanto las donaciones como los préstamos. Sin embargo, la forma de distribuir estos fondos no ha sido equitativa y ha puesto a más de la mitad de los países del mundo contra las cuerdas, enfrentando un altísimo nivel de endeudamiento.
De los US $653.000 millones, más de US $405.000 millones, es decir, el 62% del total, se han otorgado en forma de créditos por parte de bancos multilaterales y países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Entre tanto, el monto en forma de subvención es equivalente a US $206.000 millones o 32% del total.
En otras palabras, por cada US $10 destinados a la acción climática, US $6 llegan en forma de préstamo, lo que supone el doble de lo concedido por países desarrollados en donaciones.
Así se desprende de un análisis realizado por La Data Cuenta y Ojo al Clima a partir de bases de datos de la OCDE. Los hallazgos evidencian que 75 de 150 naciones han acumulado deudas que representan entre el 51% y el 100% de la totalidad de los recursos con que hacen frente al cambio climático.
Estas naciones altamente endeudadas han tenido o tienen acreedores por más de US $367.000 millones en los últimos 20 años, una cifra equivalente al 91% de la deuda climática global de US $405.000 millones.
Entre las 75 naciones con más pasivos del mundo, se destacan 24 países de América Latina (US $65.000 millones), 23 de Asia (US $208.000 millones), 17 de África (US $56.000) y 11 de Europa (US $38.000 millones).
América Latina: ahogada en deudas
En América Latina, las deudas de 24 de sus 34 naciones oscilan entre el 55% y el 100% de los fondos con que financian las acciones para paliar el cambio climático.
En ese grupo, Nicaragua tiene la dependencia más baja de empréstitos: 55%, equivalente a US $928 millones de los US $1.692 que ha recibido entre 2000 y 2020. Entre tanto, países como República Dominicana, Chile, Costa Rica, Panamá, Argentina, México, Venezuela y Uruguay tienen a su haber deudas que superan el 90% de los fondos que adquieren para acción climática.
En Barbados, el 100% del financiamiento climático procede de préstamos. Por ello, no es casual que este país esté abogando por una reforma financiera a nivel mundial. La propuesta fue presentada por Mia Mottley —primera ministra barbadense— en la pasada conferencia sobre cambio climático (COP27) realizada en Sharm el-Sheij (Egipto). Y, precisamente, este tema es el que convoca la cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial que se realizará este 22 y 23 de junio en la ciudad de París (Francia), bajo el liderazgo de Mottley y Emmanuel Macron (presidente francés).
No es para menos. El endeudamiento está restando capacidad de maniobra a los países del Sur Global para financiar sus compromisos ante el Acuerdo de París, dado que deben destinar recursos al pago de los intereses derivados de los préstamos, esto en una coyuntura postpandemia.
“Hay mucho estrés en la economía latinoamericana”, dijo José Manuel Salazar Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) —también conocido como Foro de Davos— en enero pasado.
Según Salazar, la región está lidiando con la inflación, con problemas que se acarrean desde hace años (endeudamiento y crisis fiscal), así como con los impactos del cambio climático. “Si hacemos la lista de choques, todos le han pegado muy duro a América Latina”, manifestó.
Las naciones latinoamericanas se han visto obligadas a recurrir a créditos porque no califican para ser receptoras de subvenciones, esto dado que son países de renta media, es decir, tienen un ingreso nacional bruto per cápita de entre US $1.026 y US $12.375 millones.
De hecho, al revisar la clasificación de la OCDE por nivel de ingresos de los países, la mayoría de las naciones altamente endeudadas son de ingresos medios (85% o 64 de 75). En este grupo están la mayoría de los países latinoamericanos endeudados (21 de 24).
Para lograr la sostenibilidad de la deuda, según un informe del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston (EE. UU.), es necesario reestructurar más de US $812.000 millones de 61 países identificados como en crisis de endeudamiento o en alto riesgo de estarlo.
Adicionalmente, un análisis de ActionAid reveló que el 93% de los países más vulnerables al cambio climático se encuentra ya en situación de endeudamiento o corre un riesgo significativo de estarlo. En tanto, el 60% de los países más vulnerables probablemente recortará el gasto en servicios públicos, incluida la inversión en acción por el clima, para poder seguir pagando sus deudas.
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¿Quiénes son los prestamistas?
A nivel mundial, los principales acreedores son los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y los bancos multilaterales.
En cuanto a los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, los principales prestamistas son Japón, Alemania y Francia (tres de los países que más emisiones de dióxido de carbono han lanzado a la atmósfera en el último siglo).
De hecho, en este Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que presta dinero para la acción climática, se encuentran los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta. En un reportaje anterior de La Data Cuenta y Ojo al Clima se vio cómo estas naciones responsables del calentamiento global compensan con centavos sus emisiones, impactando primordialmente a los países menos responsables del problema, pero más vulnerables.
“Debemos considerar que se trata de países desarrollados, potencias o países del Norte Global que también son los principales emisores de GEI y que deberían de ser los que tendrían la mayor deuda, los que deberían financiar las acciones climáticas y ambientales. Sumado a ello, han incumplido la promesa de incrementar en US $1.000 millones anuales los recursos financieros para atender la emergencia climática. Esto (la lentitud en la entrega de los fondos) conlleva a que los países del Sur Global caigan en mecanismos de deuda”, explicó Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Dentro de los bancos multilaterales, se destacan el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) así como la Asociación Internacional de Fomento (AIF) —ambos pertenecen al Grupo Banco Mundial—, también está el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.
“El financiamiento vinculado a la acción climática viene, principalmente, del Banco Mundial, el mayor actor multilateral de desarrollo, cuyo buró está conformado, en buena medida, por esos mismos países del Norte Global que logran incidir en sus políticas”, comentó Gómez.
“El problema es que ese financiamiento, justamente, se da por medio de un sistema financiero que está en crisis porque fue creado en un contexto completamente distinto al actual: el periodo posguerra tras la II Guerra Mundial. Hoy estamos en un contexto de policrisis, para llamarlo de alguna manera, donde el sistema financiero no solamente se ha mostrado incapaz de dar una respuesta, sino que, a su vez, ha sido parte del problema, colaborando en generar estas grandes crisis financieras climáticas”, continuó el experto de FARN.
De allí viene el llamado cada vez más fuerte para que el Banco Mundial reforme sus políticas y prácticas, el cual también incluye al Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo es que el accionar de estas entidades financieras se adecúe a los actuales retos globales como el aumento de la resiliencia frente al cambio climático, las pandemias, los conflictos y la fragilidad económica.
De hecho, los líderes mundiales han pedido que el Banco Mundial triplique su capacidad de préstamo, adoptando las recomendaciones de la revisión independiente realizada por el G20 sobre la adecuación del capital de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB, por sus siglas en inglés).
Paralelamente, la presión sobre el FMI viene creciendo para que reforme el Marco Común del G20, esto con el objetivo de ayudar a los países vulnerables al cambio climático con problemas de deuda a recuperarse tras eventos extremos y permitirles invertir en resiliencia y desarrollo. También se está pidiendo a los países del G20 que cumplan el compromiso de recanalizar US $100.000 millones de sus Derechos Especiales de Giro (DEG) no usados.
Precisamente, el pasado mes de abril, durante las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI, la entidad bancaria anunció que reducirá su ratio capital/préstamos en un punto porcentual, es decir, se pasaría del 20% al 19%. Esto liberará US $4.000 millones adicionales para préstamos en condiciones favorables a los países en desarrollo.
David Malpass, presidente del Banco Mundial en ese momento, hizo un segundo anuncio: “nuestros países miembros aprobaron medidas que pueden sumar hasta US $50.000 millones a la capacidad de préstamo del BIRF a lo largo de los próximos 10 años”.
Asimismo, se anunció un programa piloto de capital híbrido para atraer inversores del sector privado. Según el Banco Mundial, US $1.000 millones en capital híbrido movilizarán unos US $6.000 millones en préstamos. No obstante, la entidad bancaria advirtió que el capital híbrido podría elevar el costo de los préstamos para los países de renta más baja.
En cuanto a América Latina, los bancos que más créditos han otorgado a la región son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el BIRF. También estos bancos están reinventándose para ajustarse a las actuales necesidades de los países.
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Urge una transformación integral
En el Informe sobre la brecha de emisiones 2022, el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) ya había alertado sobre la necesidad de “una transformación del sistema financiero y de sus estructuras y procesos, en la que participen gobiernos, bancos centrales, bancos comerciales, inversores institucionales y otros agentes financieros”.
De hecho, el informe recomienda seis medidas de reforma que deberán ejecutarse de manera simultánea. La primera de ellas es hacer que los mercados financieros sean más eficientes, entre otras cosas, mediante taxonomías y transparencia.
Como segundo punto se destaca el introducir la fijación de precios del carbono, como impuestos o sistemas de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos.
La tercera medida es influir en el comportamiento financiero a través de políticas públicas, impuestos, gastos y normativas, así como crear mercados para las tecnologías con bajas emisiones de carbono (cuarta medida), modificando los flujos financieros, estimulando la innovación y ayudando a establecer normas.
Movilizar a los bancos centrales es la quinta medida. “Los bancos centrales están cada vez más interesados en abordar la crisis climática, pero se necesitan medidas más concretas en materia de normativa”, destacó el informe.
Y, finalmente, crear “clubes climáticos” de países cooperantes, iniciativas financieras transfronterizas y asociaciones para la transformación justa, que puedan alterar las normas políticas y cambiar el curso de la financiación mediante dispositivos creíbles de compromiso financiero, como las garantías soberanas.
