El Tribunal Australiano determinó que el gobierno tiene el deber de proteger a los jóvenes de la crisis climática. Asimismo, el ministro de Medio Ambiente, Sussan Ley debe velar por la seguridad de las nuevas generaciones ante los problemas ambientales. La sentencia fue aclamada por abogados y adolescentes que llevaron el caso como una primicia mundial.

Ocho adolescentes y una monja de 86 años solicitaron una orden judicial para evitar que la Ley aprobara una propuesta de Whiteheven Coal. La cual planeaba expandir la mina de carbón Vickery en el norte de Nueva Gales del Sur. El argumento de los jóvenes fue que el ministro tenía el deber de protegerlos contra futuros daños del cambio climático.

Además de ello, explicaron que la expansión de la mina Vickery provocará una emisión de 370 millones de toneladas de carbono en los próximos 25 años. Esta emisión contaminante equivale a un 70% del total de la emisión doméstica de Australia en 2019.

El juez Mordecai Bromberg, descubrió que el ministro debía cuidar y no actuar de manera que pudiera causar daños en el futuro de los jóvenes. Sin embargo, desestimó la petición de los activistas. La cual solicitaba que Tribunal emitiera una orden judicial que prohibiera a la ministra ejercer sus poderes para autorizar la expansión.

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Otros argumentos ante la corte

Al no conceder la petición, el juez aclaró que "el Tribunal dará a las partes la oportunidad de presentar nuevas alegaciones sobre la utilidad y los términos de las órdenes y declaraciones que deberían dictarse ahora reflejando los motivos de la sentencia del Tribunal".

De acuerdo con el virtual fallo, la ministra de Medio Ambiente no podrá adoptar medidas que dañen a los menores. Pero, aún las partes aún tienen que demostrar que la expansión de Vickery, de la minera australiana Whitehaven Coal, representa un riesgo para ellos.

Por primera vez se protegen a los jóvenes de la contaminación

David Barnden, abogado de los jóvenes dijo que el fallo es de gran importancia para el desarrollo de las leyes sobre el medio ambiente. Sin embargo, recalcó que el juez aún tiene que precisar el significado de la obligación de proteger a los jóvenes.

“Es la primera vez en el mundo que se reconoce tal deber de cuidado, especialmente en un país de derecho consuetudinario”.

Por otro lado, Whitehaven Coal defendió en un comunicado que "esta demanda no tiene mérito". Aseguró que la empresa solo busca explotar un carbón de alta calidad que contribuya a los esfuerzos de las emisiones de CO2. Y al mismo tiempo que apoye al desarrollo económico en la región.

La ampliación de la mina proporcionaría un beneficio neto de unos 869 millones de dólares (737 millones de euros) al estado de Nueva Gales del Sur. Y crearía unos 950 puestos de trabajo, según la empresa australiana Whiteheaven Coal, a cargo del proyecto.

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