Con el objetivo de incentivar y transmitir mensajes de resistencia a los participantes de las manifestaciones contra la ampliación de la mina de carbón de Garzweiler en la población alemana de Lüzterath, Juan Pablo Gutiérrez, delegado internacional de la consejería de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), ha viajado a la zona en la que se están llevando movilizaciones desde el inicio de esta semana.

"Esta lucha de los jóvenes, no es un capricho, esto es por ellos mismos, por sus hijos y sus familias que puedan vivir en un mundo más vivible", asegura en entrevista con DW.

No obstante, recuerda que mientras que la lucha de los activistas europeos data de algunos años ante la situación de cambio climático de la que alertan constantemente los científicos, "la resistencia viene de hace siglos".

"Aquí se está luchando por lo que podría ser, nosotros luchamos por lo que ya fue, es decir, la potencialidad de terminar con la vida humana y evitar la tragedia que en Colombia ya estamos viviendo", lamenta el también miembro del pueblo originario yukpa.

Por este motivo y a pesar de los miles de kilómetros de distancia que separan ambos países, las realidades no son tan distantes ya que los habitantes de la población alemana tuvieron que abandonar sus hogares, ante la actividad expansiva de la empresa de energía RWE, que es propietaria de dichos terrenos.

"Me di cuenta de las muchas similitudes y la problemática con los pueblos indígenas de Colombia", recuerda al conocer de primera mano el conflicto minero alemán y "el desplazamiento forzado" de los habitantes de Lüzterath.

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Desde hace unas décadas, el pueblo yukpa, situado en la Serranía de Perijá, que se ubica en la frontera entre Colombia y Venezuela, convive con la actividad de la mina ‘El Descanso', propiedad de la empresa estadounidense Drummond.

"Se instaló en el territorio ancestral, en la parte baja de la Serranía, sin habernos consultado, dijeron que no había presencia étnica", apunta agregando que la compañía justifica que por ese motivo tiene título de explotación.

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Doble lucha: contra el carbón y el desconocimiento

Situada en el departamento colombiano del Cesar, la actividad de la mina, que ocupa una extensión de "dos veces la ciudad de París y 16 veces la mina de Garzweiler", ha afectado al pueblo originario debido a la "destrucción de la biodiversidad del territorio ancestral", ya que con el desvío de ríos se ha perdido uno de sus sustentos de vida.

"Se ha denunciado el daño, es una afectación muy brusca porque gran parte de la población era pescadora. La cacería es más difícil, los animales se van", lamenta criticando que con ella peligra la soberanía alimentaria del pueblo originario.

Asimismo, apunta al hambre y desnutrición como otros problemas que han surgido a raíz de la actividad de la mina, que también ha generado nuevas enfermedades y problemas respiratorios entre los más jóvenes.

A esta destrucción del territorio se le une la pérdida cultural ya que "la cultura de un pueblo depende estructuralmente del territorio en el que habita" y el hecho que este pueblo originario, en peligro de extinción con tan solo 14.000 personas, es un gran desconocido en su propio país.

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Mientras, que la lucha del pueblo originario wayuu contra la mina de El Cerrejón ha traspasado fronteras, Gutiérrez crítica que la del pueblo yukpa está siendo invisibilizada.

"Es la misma lucha: la afectación de un pueblo que está siendo víctima de un modelo basado en la extracción de recursos naturales que se encuentran en estos territorios: en La Guajira y en el Cesar", puntualiza agregando que ambas poblaciones son "víctimas de ese modelo económico y de la dependencia de los países desarrollados para garantizar una vida normal".

Fuente: DW