Después de una década de lucha para salvar el Parque Nacional Yasuní, Ecuador pondrá fin a la extracción de petróleo en esta reserva medioambiental. Así lo decidieron el 58,9% de los más de 10,2 millones de ecuatorianos que han votado en el referéndum celebrado este domingo para detener la explotación petrolera en el bloque 43 del ITT (que se extiende por las zonas de Ishpingo, Tiputini y Tambococha).

Se trata de una consulta histórica, por lo que significa para el movimiento medioambiental y por tratarse de la primera vez que se hace una consulta por iniciativa popular en este país latinoamericano. Con la victoria del sí, se suspenden la explotación petrolera actual y no se podrán firmar nuevos contratos para la extracción de este recurso.

De acuerdo al dictamen de Corte Constitucional, que abrió la puerta a la realización del plebiscito, el Estado tendrá como máximo 18 meses “desde la notificación de los resultados oficiales” para ejecutar “los resultados de la consulta”. Además, según el dictamen, con el triunfo del sí el Estado no podrá iniciar “nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación”. Ramiro Ávila, abogado del colectivo Yasunidos, explica que eso significa que en año y medio “no puede salir una gota más de petróleo y, mucho menos, expandirse el bloque petrolero” 43-ITT.

Pero Ávila contrasta en que hay problemas técnicos ligados a las instalaciones ya existentes, como perforaciones, tuberías y carreteras que han sido construidas, que pueden retrasar la restauración completa de la zona. El desmantelamiento deberá ser “progresivo y ordenado” y lo llevará a cabo el Estado.

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Ávila, además, señala que es el inicio de una transición hacia un modelo de desarrollo diferente que no esté basado en la extracción agresiva de recursos naturales, sino “en la conservación y el reconocimiento para que los pueblos que viven en esos lugares tengan autodeterminación y no dependencia de empresas extractivas”.

“Con esta consulta hemos demostrado que el pueblo ecuatoriano, hoy y hace 10 años, siempre ha estado a favor de mantener el petróleo bajo tierra. Cuando no hay naturaleza, no se puede comer, el dinero no se puede tomar, comer, respirar… Lo que nos da el Yasuní es más importante que ese supuesto progreso que nunca llega”, dice emocionado a EL PAÍS Pedro Bermeo, portavoz del colectivo Yasunidos, que ha comandado la defensa legal de esta área protegida.

Bermeo atribuye esta victoria al apoyo de un centenar de organizaciones, movimientos sociales y, en especial, a los pueblos y nacionalidades indígenas. “Son ellos quienes han estado viviendo el extractivismo y saben lo que es la minería, el petróleo, las enfermedades por la contaminación, el índice de cáncer tres veces mayor… Son esas personas las que han hecho esta campaña”.

Una década de lucha

El Parque Nacional Yasuní—ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Napo y Orellana— fue declarado en 1989 como Reserva de la Biosfera. Es una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). En sus más de un millón de hectáreas alberga más de 300 especies de anfibios y reptiles, casi 400 tipos de mamíferos y 600 especies de aves. Además, es el hogar de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario: los Tagaeri y Taromenane.

Salvar el Yasuní ha sido el trabajo de una década de un grupo de ambientalistas: los Yasunidos. Se conformaron en 2013, cuando el presidente Rafael Correa puso fin a la campaña para dejar el petróleo bajo tierra: la iniciativa Yasuní ITT. Un proyecto que intentaba evitar la explotación petrolera a cambio de una compensación de 3.600 millones de dólares por parte de la comunidad internacional. Se habían recaudado 13 millones de dólares, apenas el 0,37% de lo esperado. “No era caridad lo que pedíamos, era corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático. El mundo nos ha fallado”, dijo entonces Correa en una cadena de radio y televisión.

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Sectores sociales se unieron para recolectar firmas e impulsar una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si explotar o no esta zona. En abril de 2014, se lograron recolectar más de 757.623 firmas, pero las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese entonces, encargado de verificar la autenticidad de las firmas, anularon la mitad de ellas. Y se bloqueó la consulta. Y, en 2016, empezó la explotación petrolera de los campos Tiputini y Tambococha a cargo de la compañía estatal Petroecuador.

En 2018, las nuevas autoridades del CNE realizaron una auditoria del proceso y comprobaron que sí se habían entregado las firmas necesarias. Dos años después, el organismo electoral otorgó un certificado de legitimidad, un requisito para efectuar la consulta. Y en mayo de este año, la Corte Constitucional falló a favor de la consulta popular y aprobó la pregunta propuesta que decía: "¿Está de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga las reservas de petróleo del ITT, conocido como Bloque 43, en el subsuelo de forma indefinida?"