Industria del aceite de palma desplaza a los pequeños agricultores en Guatemala

*Por Shanna Hanbury para Mongabay LATAM.

Mario Rene Xol solía disfrutar de la vida en Tierra Negra, un pueblo indígena fronterizo con el Área Clave de Biodiversidad (ACB) Lachuá-Ik’bolay en el noreste de Guatemala. Desde la llegada del aceite de palma en 2006, Xol vio cómo todas las fincas, a excepción de tres, se vendieron a nuevos propietarios: la Industria Chiquibul, uno de los catorce molinos de aceite de palma que operan en la región.

Hoy, al menos dos tercios de la comunidad de Xol trabaja para la industria palmicultora. La comunidad agrícola de subsistencia no tuvo más remedio que tomar los trabajos de salario mínimo ofrecidos por el molino de palma. En la región se han dado otros cambios: las tortugas ya se ven poco cuando antes era común observarlas a lo largo del río San Román que fue desviado para irrigar las plantaciones de palma, al igual que los peces y camarones que Xol solía pescar con su familia. Además, plagas de insectos han afectado a los residentes.

“Vivíamos mucho mejor cuando no había palma”, dijo a Mongabay en una llamada telefónica. “Mi hogar hoy está rodeado de moscas. Es horrible, ya no se puede ni comer afuera ni sentarse en el patio”.

Lee también: México: el emprendimiento de una familia de pescadores que ayuda a conservar las tortugas marinas.

En 2019, Xol fue despedido de su empleo informal como trabajador manual después de exigir mejores condiciones laborales. Ese mismo año, Cargill suspendió el comercio con Industria Chiquibul, después de que esta última se negara a ser sujeto de una auditoría laboral independiente en respuesta a las acusaciones de violaciones de derechos laborales. Sin embargo, la compañía de aceite de palma todavía vende a gigantes multinacionales como Bimbo, Mondelez y PepsiCo.

El aceite extraído de los frutos de la palma está presente en la mayoría de los productos industrializados de hoy, incluyendo el chocolate, los helados, los desodorantes y, cada vez más, también en los biocombustibles.

Las plantaciones de palma aceitera están ocupando grandes áreas del suroeste y noreste de Guatemala, especialmente en los municipios de Petén, Alta Verapaz e Izabal, hogar de más de 2 millones personas de los pueblos indígenas Q’eqchi’, Poqomchi’ y Achi.

El país centroamericano es el productor de aceite de palma de mayor crecimiento en el mundo, ocupando el tercer lugar en exportaciones internacionales en 2023 con 875 000 toneladas métricas de aceite, después de Indonesia y Malasia, que juntos proveen el 88 % del total global.

A pesar de su pequeño tamaño, el país tiene una ventaja competitiva: sin una crisis de extinción de orangutanes, como la que vive Indonesia, el aceite de palma guatemalteco se vende como una alternativa sostenible a los gigantes del aceite de palma del sudeste asiático. En Guatemala, el uso de la tierra de esta industria casi se ha duplicado en la última década, de una estimación de 100 000 hectáreas en 2013 a 182 000 en 2023, lo que representa casi el 2.5 % del total de tierras cultivables de la nación.

El crecimiento de la industria, que hoy representa el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala, está acompañado de un costo social y ambiental para los guatemaltecos de a pie, según Claudio Abel Caal Tzuy, defensor de los derechos indígenas en la Coordinación de ONG y Cooperativas, un colectivo de organizaciones civiles.

“Las empresas están generando grandes ganancias a costa de los derechos de las mujeres y hombres guatemaltecos”, dijo a Mongabay. “La demanda global de aceite de palma ha llevado a una deforestación a gran escala, contaminación del agua y la pérdida de nuestras tierras y el desplazamiento de comunidades enteras”.

Más del 80 % de la producción de palma de Guatemala se exporta y vende a empresas multinacionales, incluyendo Cargill, Unilever, Mondelez y PepsiCo.

Catorce molinos de aceite de palma operan en el norte de Guatemala, y la mayoría tienen el mismo modus operandi, dijo Tzuy. Los ríos han sido desviados para irrigar las vastas plantaciones y el agua contaminada que regresa a los ríos ha causado muertes masivas de peces.

La certificación no ha detenido la deforestación

En la principal región productora de palma del norte de Guatemala, un total de 87 325 hectáreas —aproximadamente 15 veces el tamaño de la isla de Manhattan en Nueva York— fueron ocupadas por plantaciones de aceite de palma entre 2009 y 2019, según un estudio publicado a principios de este año en el Journal of Environmental Management.

Los resultados mostraron que 7231 hectáreas se deforestaron en áreas clave de biodiversidad y 5202 hectáreas en áreas protegidas. Casi dos tercios de las granjas accedidas en la región estaban certificadas por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el principal certificador mundial de aceite de palma sostenible.

Para Benjamin Goldstein, bioingeniero de recursos en la Universidad McGill y coautor del estudio, los resultados del análisis satelital expusieron el riesgo de deforestación y el error de depender excesivamente de la RSPO a la hora de abordar la expansión descontrolada de la palma aceitera. “Me preocupa que esto sea solo la punta del iceberg”, dijo a Mongabay en un correo electrónico. “Guatemala está destinada a convertirse en uno de los principales productores de aceite de palma del mundo. Temo que la irrupción (de la actividad palmicultora) en las Áreas Clave de Biodiversidad (ACBs) pase desapercibida hasta que el problema sea mucho mayor”.

Entre 2009 y 2019, las plantaciones no certificadas presentaron una pérdida de bosque del 25 % frente a un 9 % en las que cuentan con certificación, según el análisis de imágenes satelitales del estudio. La deforestación en estas áreas es ilegal en Guatemala desde el año 2004.

Lee también: Sierras Chicas de Córdoba: cuando el monte nativo resiste.

La organización RSPO la dijo a Mongabay en una entrevista en video que la certificación no es una solución mágica, pero ha logrado grandes avances para establecer un estándar aceptable para la industria del aceite de palma. “No hay un sector, país o comunidad que sea completamente sostenible”, dijo Yasmina Neustadtl, gerente de transformación del mercado de América Latina de RSPO. “Los productos agrícolas son difíciles de clasificar en blanco o negro. Nuestro trabajo es estar en el medio y encontrar el camino correcto”.

El ingreso al proceso de certificación es costoso y voluntario, lo que significa que las empresas pueden negarse a participar sin consecuencias significativas. Industria Chiquibul, con más de una quinta parte de sus plantaciones en tierras deforestadas después de 2009, no está certificada por RSPO.

Guatemala actualmente se destaca como el país más certificado según RSPO y la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) cuenta con dos tercios de la industria certificada. Los productores esperan alcanzar un 75 % de certificación para 2025, según un acuerdo firmado en 2021. En América Latina, el 35 % de las plantaciones están certificadas y el promedio global es inferior al 20 %.

El éxito en la certificación, sin embargo, se puede atribuir a la concentración de tierras, reconoció RSPO a Mongabay. “Guatemala es importante para nosotros porque es uno de los países con mayor certificación en la región. Una de las razones detrás de eso es que hay muy pocos pequeños propietarios”, dijo Neustadtl.

Los pequeños propietarios fuera, la gran industria adentro

La distribución de tierras en la industria del aceite de palma en Guatemala se concentra de manera rotunda en las grandes empresas, que poseen el 95 % de terrenos con este cultivo, mientras que los pequeños campesinos solo cuentan con el 3 %. La proporción contrasta con otras naciones productoras de palma como Tailandia, donde más del 75 % de la industria es liderada por pequeños propietarios. En México, la cifra es del 90 %.

“La participación de pequeños propietarios es mínima en Guatemala, es el país con la menor distribución”, dijo Antonio Castellanos Navarrete, investigador enfocado en la expansión de la palma aceitera en América Latina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una entrevista telefónica.

Miles de campesinos han sido desplazados de sus tierras en la última década por monocultivos de aceite de palma. Además, no les ha quedado otra alternativa que trabajar para los gigantes del aceite de palma, debido a las pocas oportunidades de empleo.

El cambio de fincas familiares a monocultivos puede empeorar la desigualdad regional, según Castellanos Navarrete. “Esto tiene fuertes implicaciones sociales. [En el norte de Guatemala], la población local se volvieron trabajadores, no productores, lo cual es un modelo mucho menos equitativo”, dijo. “Puedes tener plantaciones de enorme expansión que generen la exclusión de muchas personas del acceso a la tierra”.

Castellanos Navarrete consideró que la venta de tierras a gran escala que está en marcha es un problema que no puede ser resuelto por organizaciones de certificación como RSPO. Necesita ser abordado a nivel estatal, garantizando el acceso de las personas a la tierra, agregó.

Xol mantiene la esperanza de que la situación pueda revertirse algún día y advierte a otras poblaciones del riesgo que corren. “Vamos a comunidades donde aún no han vendido sus tierras e informamos sobre lo que estamos pasando y les contamos los riesgos que existen”, dijo. “Tengo esperanza de que la situación puede mejorar. Se puede hacer, pero será un proceso algo largo”.

*Imagen principal: Botes vacíos en La Pasión en el río Petén en el norte de Guatemala tras el ecocidio de 2015, cuando los desechos tóxicos del aceite de palma contaminaron sus aguas. Foto: Carlos Sebastián para Nómada.

*Referencia: VanderWilde C.P., Newell J.P., Gounaridis D., Goldstein B.P. (2023). Deforestation, certification, and transnational palm oil supply chains: Linking Guatemala to global consumer markets. Journal of Environmental Management. 344. doi: 10.1016/j.jenvman.2023.11850