“Hay una evidente complicidad del gobierno formoseño con los empresarios agropecuarios para darle vía libre a las topadoras. Además de no controlar los desmontes ilegales, la propia normativa provincial, en lugar de proteger a los bosques, prácticamente legalizó este verdadero ecocidio”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Formosa es una de las provincias con más deforestación de las últimas décadas. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del monitoreo satelital que realiza Greenpeace, entre 2008 y 2022 en Formosa se desmontaron 476.490 hectáreas, más de 31.000 hectáreas por año. Esto es cuatro veces más que lo que se deforestó en la provincia entre 2002 y 2006, antes de la aprobación de la Ley de Bosques, con un promedio de 7.500 hectáreas anuales.

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Los tres nuevos casos documentados por la organización se encuentran cerca de las localidades de Laguna Yema y Fortín La Soledad, y ya arrasaron con 618 hectáreas de bosques.

“Estamos en una emergencia climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies y más enfermedades. A pesar de esto, el gobierno de Formosa sigue autorizando desmontes por todos lados. Además, las multas no son suficientes para desalentar los desmontes ilegales. Ya es hora de acabar con la impunidad: se debe prohíbir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, afirmó Cruz.

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