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Una ley que busca frenar la deforestación fue aprobada por el Parlamento de la Unión Europea el pasado 19 de abril. Esta norma prohíbe las importaciones de café, cacao, carne de ganado vacuno, soya, aceite de palma (y una serie de sus derivados), madera, caucho, carbón vegetal y papel impreso que estén relacionados o hayan sido obtenidos de bosques deforestados.
Para cumplir con la ley —indica la nota de prensa del Parlamento Europeo— las empresas que vendan estos productos a la Unión Europea sólo podrán hacerlo luego de emitir una declaración que certifique que la mercancía no procede de tierras deforestadas, de bosques primarios irremplazables, ni de lugares donde se haya ocasionado degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020.
En medio de este contexto de legislación internacional, y considerando que Colombia es el cuarto productor de palma en el mundo después de Indonesia, Malasia y Tailandia, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de Holanda y la organización Aid Environment realizaron una investigación sobre la cadena de producción del aceite de palma en el país sudamericano y analizaron seis casos específicos de empresas productoras y comercializadoras de palma aceitera en el país.
El estudio Descubriendo la cadena de suministro: el aceite de palma de Colombia a la UE muestra cómo funciona este sistema de producción, que abarca desde las zonas de cultivo en campos colombianos hasta el consumo en los países de Europa. La investigación también alerta sobre los riesgos y las amenazas directas e indirectas de deforestación en zonas donde están instaladas las empresas dedicadas al cultivo y procesamiento del aceite de palma. De acuerdo con la investigación, 23 311 hectáreas resultaron quemadas entre 2021 y 2022 en zonas cercanas a las empresas de los seis casos de estudio. Además, la deforestación en los territorios que rodean a las instalaciones de estas compañías alcanzó las 3807 hectáreas entre los años 2011 y 2022.
“Por un lado, queremos dar un panorama general de los flujos comerciales entre Colombia y la Unión Europea, y mapear básicamente a todos los actores de este proceso. Y, por otro lado, acercarnos a los casos en campo para ver qué está sucediendo allí”, explica Sanders van Andel, experto en Conservación de la Naturaleza para la UICN de Holanda y coautor de la investigación. “El aceite de palma es uno de los cultivos relacionados con ciertos cambios de uso de suelo, así como con algunas irregularidades e ilegalidades, pero no teníamos la imagen completa, por eso hicimos esta investigación”, aclara.
El camino de la palma
Colombia alcanza el 2.3 % de la producción mundial de palma aceitera, una cifra que equivale a por lo menos 1 838 000 toneladas de aceite de palma por año, según se indica en el estudio. La mayor parte del aceite de palma se cultiva en el departamento del Meta, seguido por Santander, Cesar, Magdalena, Casanare y Bolívar.
De esa producción, agrega la investigación, el 52 % se destina al mercado interno y el 48 % a las exportaciones internacionales. La mayor parte de la venta al exterior va al mercado europeo, pero también a otros países latinoamericanos, principalmente, Brasil y México, indican los datos del 2020 citados en el informe.
El estudio identificó y analizó a los actores que intervienen en la cadena de producción del aceite de palma desde Colombia hasta la Unión Europea y combinó estos resultados con un monitoreo en tiempo real de las plantaciones de palma aceitera que presentan deforestación, y otros riesgos sociales y ambientales en las regiones con mayor producción del cultivo.
Así se definieron seis casos de empresas vinculadas a 11 plantas extractoras de aceite de palma. Las compañías incluidas en esta investigación son: Poligrow Colombia, Agropecuaria Santamaria, Agropecuaria La Rivera Gaitán, Riopaila Castilla, Daabon Group y Oleoflores.
Las tres primeras están ubicadas en la zona sur del departamento del Meta; mientras que Riopaila Castilla se ubica en el departamento de Vichada. Daabon Group está en Santa Marta y el Grupo Oleoflores tiene sedes en los departamentos de Norte de Santander, Bolívar y Cesar.
“Queríamos investigar cuál es el nivel de deforestación que se puede encontrar en la cadena de suministro del aceite de palma. Un dato importante es que la deforestación y las quemas no han cesado desde el 2020 —momento desde el cual la norma de la Unión Europea no permite compras de aceite procedente de tierras deforestadas—, aunque la pérdida de bosque desde esa fecha no se ha dado a gran escala. Además, miles de hectáreas se destinan a la producción de aceite de palma para biodiesel”, señala van Andel sobre los resultados de la investigación.
Para el experto de la UICN Holanda, también se deben mencionar los conflictos vinculados a los sitios de cultivo y procesamiento de palma. Muchos de ellos son históricos, de hace 10 o 20 años, pero ocurrieron en los lugares donde ahora se produce aceite. Otro tema importante es que muchos cultivos y sus plantas de procesamiento están muy cerca del límite donde termina la zona deforestada, es decir, en frontera con lugares con cobertura boscosa. “Hay una especie de conexión entre la deforestación y el aceite de palma”, agrega Van Andel.
Para Sarah Drost, investigadora de la organización Aid Environment y coautora del estudio, hay otros aspectos que se destacan entre lo que encontraron en la investigación como un proceso de conversión de tierras que afecta a las fuentes de agua y que, además, causa problemas sociales. “Creo que son vacíos de la regulación de la Unión Europea porque no incluye estos dos aspectos”.
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Los resultados del estudio también indican que el área destinada al cultivo de la palma aceitera ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Según un informe de Fedepalma, en el año 2011 el área neta sembrada con palma aceitera en Colombia ascendía a 391 187 hectáreas y para el 2022 ya son casi 600 000 hectáreas.
“No tenemos aún las políticas ni los estándares suficientes para hacer la trazabilidad de la palma”, dicen investigadores de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) sobre las amenazas que significa esta falta de seguimiento del cultivo desde su origen hasta su comercialización.
Aunque la ley de la Unión Europea busca comprar palma certificada de lugares sin deforestación, dentro del país no existe legislación que asegure su procedencia. “Se deben mantener las alertas necesarias no solo en el mercado internacional, sino, principalmente, en el mercado nacional, porque el mayor porcentaje de palma se queda en el país”, indica FCDS.
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, según FCDS, son aquellos cultivos de origen informal e incluso ilegal. A la ONG le preocupa que las siembras que se hicieron en 2018 en San José del Guaviare —en zona de reserva forestal de ley segunda de la Amazonía colombiana— no fueron hechas por compañías pertenecientes a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y hoy se consideran como plantaciones informales. “Y nos preocupa mucho porque lo que estamos viendo es que el fruto que sale de esas plantaciones de San José del Guaviare podría estar yendo a las plantas de procesamiento de las empresas que se analizan en el estudio”, señalan.
La palma colombiana es reconocida como palma sostenible —agrega FCDS— pero cuando se trata de zonas con poca presencia institucional, la posibilidad de que el fruto de palma de procedencia informal o ilegal llegue a plantas de extracción catalogadas como sostenibles es muy alta. “Por eso, alertamos sobre la necesidad de que las plantas de extracción implementen mecanismos de trazabilidad mucho más fuertes”.
Según el Barómetro Palmero de Colombia del 2020, elaborado por Solidaridad —organización internacional dedicada al desarrollo de cadenas de valor inclusivas y sostenibles— el 28 % de la producción de palma de este país es sostenible. Aunque la cifra es baja es superior a la alcanzada por los principales productores mundiales: Indonesia con 19 % y Malasia con 23 %.
Los riesgos ambientales: seis casos de estudio
El estudio de la UICN y Aid Environment presenta el análisis de seis empresas de palma aceitera. De acuerdo con la publicación, la selección se hizo considerando la posible presencia de deforestación, incendios y otras conversiones de vegetación nativa en la zona donde están instaladas las compañías. También tuvieron en cuenta la proximidad al límite donde termina la deforestación, a los territorios indígenas, a las áreas naturales protegidas y a zonas donde se han instalado cultivos ilícitos.
Otros criterios incluyen la relación de las empresas con la contaminación de los ríos cercanos, y si existen acuerdos controvertidos sobre las tierras o quejas ante la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), entre otros problemas socioambientales. Además, los casos presentados en el estudio “muestran que los flujos de aceite de palma que ingresan al mercado de la Unión Europea están vinculados a plantas procesadoras del insumo situadas cerca de áreas donde existen claros indicios de quema de sabana, daño ambiental a las cuencas hidrográficas y desplazamiento de grupos indígenas o campesinos a través de acciones forzadas o injustas”, se explica en la publicación.
Desde FCDS se han seguido los casos de las empresas Poligrow Colombia, Agropecuaria Santamaría y Agropecuaria La Rivera Gaitán, ubicadas en la zona de transición entre la Orinoquía y la Amazonía, en el departamento del Meta. “Hemos venido haciendo un ejercicio de monitoreo constante junto con Fedepalma, porque esa zona tiene un valor ecológico estratégico para el país. Compartimos la preocupación de que cultivadores no agremiados avancen en plantaciones en zonas de importancia ecológica de la Amazonía y trabajamos conjuntamente para alertar sobre estas presiones”.
FCDS señala que si bien en la Amazonía los motores principales de deforestación son el acaparamiento de tierras y la consolidación económica a través de la ganadería extensiva, la palma entra como un elemento adicional. “Queremos llamar la atención sobre la necesidad de poner límites estrictos a la actividad productiva en la Amazonía, por lo que es necesario avanzar en el ordenamiento productivo del territorio”, señalan los investigadores y comentan que preocupa la situación de ecosistemas como los morichales.
A Sarah Drost, de Aid Environment, el caso que más le preocupa es el de la empresa Poligrow Colombia porque se trata de una compañía certificada por la RSPO y tener esa certificación es garantía de sostenibilidad ambiental y social del producto. Sin embargo, Drost asegura que la empresa tiene un historial de conflictos socioambientales.
Según el estudio, Poligrow Colombia —ubicada en el municipio de Mapiripán, Meta— tiene una estructura de grupo empresarial compleja y opaca. Se menciona además que, desde que comenzó la siembra de palma aceitera en 2010, ha estado vinculada a reclamos sociales y ambientales en sus propiedades, que van desde desplazamiento forzado de comunidades indígenas hasta degradación ambiental y contaminación.
Adicionalmente, existe una investigación de la RSPO contra la subsidiaria Poligrow Italia debido a una denuncia en la que se alega que la tierra donde se cultiva la palma “fue obtenida mediante intimidación y sin el debido consentimiento de los propietarios indígenas”. Según la última acta de RSPO, de marzo de 2023, el caso está en espera de recibir respuesta de la Unidad de Certificación sobre los hallazgos encontrados por la auditoría que se le realizó a la compañía.
El informe también indica que la planta procesadora de Poligrow se encuentra muy cerca de la zona donde termina la deforestación y comienza el bosque, así como de territorios indígenas y de áreas de producción de cultivos ilícitos.
“Aunque no se puede afirmar que el avance de la deforestación esté relacionado con las plantas extractoras de aceite de palma, se puede decir que, probablemente, en un futuro cercano, las áreas de palma aceitera se expandirán a las zonas que se están deforestando en este momento”, comenta Sarah Drost.
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La empresa Agropecuaria Santamaría también forma parte de los casos investigados debido a que su planta productora de aceite, llamada Aceites Cimarrones, procesa los cultivos de tres compañías que exportan a Europa. El reporte indica que Agropecuaria Santamaría es miembro de la RSPO, por tanto, tiene el compromiso de no quema, no deforestación y no pérdida de altos valores de conservación. Sin embargo, la investigación menciona que entre 2011 y 2021 se identificaron 1466 hectáreas de deforestación y en el último año hubo 247 hectáreas de tierra quemadas muy cerca de la producción de aceite de palma.
La planta de procesamiento de palma de Agropecuaria Santamaria también está ubicada en el Meta, cerca del límite de la zona deforestada con el bosque y de áreas de producción de cultivos ilegales.
En la lista de empresas sigue la Agropecuaria Rivera Gaitán, también ubicada en el departamento del Meta. En este caso, su fundador, Reinel Gaitán Tangarife, fue detenido en febrero de 2022 por presuntamente ser el deforestador más grande de Colombia, vinculado a delitos ambientales como minería ilegal, cohecho y fraude. Esta empresa se dedica al cultivo, extracción, producción y comercialización de aceites, grasas y derivados del aceite de palma, señala el estudio.
Otras tres empresas que también cuentan con plantas procesadoras de palma han sido estudiadas en el informe de UICN y Aid Environment. En el caso de la compañía Riopaila Castilla, ubicada en el departamento de Vichada, el estudio indica que está compuesta por otras 29 empresas y que utiliza 50 000 hectáreas alquiladas para sus cultivos, pero que tienen denuncias por haber creado empresas artificiales para comprar las tierras que arrienda. Además, unas 16 200 hectáreas de tierras se han quemado alrededor de la planta procesadora de esta empresa entre los años 2021 y 2022.
Finalmente están los casos de Daabon Group, con sede en Santa Marta (Caribe colombiano), y del Grupo Oleoflores, que tiene sedes en Bolívar, Cesar, La Guajira y Norte de Santander. En el caso de Daabon Group, se trata de uno de los cinco principales proveedores de aceite de palma para Colombia, Europa y otros países de América Latina que, según el estudio, tiene una investigación en curso en la RSPO por inadecuadas condiciones laborales.
Consultada sobre el tema, la empresa Daabon Group informó que “en enero de 2023 la queja fue retirada por el mismo ente sindical”. Asimismo, sobre las zonas quemadas y la deforestación ocurrida cerca de las instalaciones de la empresa, Daabon Group señaló que desconoce las causas de estos hechos y que “no existe ninguna intención de extenderse en áreas que hayan sido quemadas o deforestadas”. El panel de quejas de la RSPO también indica que el proceso fue cerrado porque la denuncia fue retirada.
Para el Grupo Oleoflores, la investigación menciona que existe conflicto de intereses debido a que la empresa es propiedad de Carlos Roberto Murgas Guerrero, ex ministro de Agricultura y aparece como “inversionista en la campaña política para la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en 2002. La empresa también formó parte de generosos esquemas de subsidios del gobierno y exenciones de impuestos que se han relacionado con la corrupción asociada con el pago de favores políticos a actores legales e ilegales”, señala el documento. Además, la empresa mantiene un conflicto con campesinos por terrenos en el departamento de Bolívar.
Mongabay Latam contactó a todas las empresas mencionadas para contar con su versión sobre los resultados del estudio. Daabon Group respondió a la solicitud, mientras que Poligrow y Riopaila Castilla señalaron que responderían las consultas pero hasta el cierre de esta edición no enviaron sus respuestas. Agropecuaria Rivera Gaitán, Agropecuaria Santamaría y Oleoflores no respondieron nuestra comunicación.
“Los seis estudios de caso muestran que los flujos de aceite de palma que ingresan al mercado de la UE están vinculados a plantas extractoras de aceite de palma situadas cerca de áreas donde existen claros indicios de quema de sabana, daño ambiental a las cuencas hidrográficas y desplazamiento de grupos indígenas o campesinos a través de acciones forzadas o injustas”, indica el estudio.
Sobre la afectación de las sabanas, Carlos Devia, profesor de la facultad de Socioambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, comenta que es uno de los ecosistemas que más le preocupa con relación a la producción de palma aceitera, porque se están estableciendo en zonas de sabanas en los llanos orientales. “Zonas que tenían pastos naturales de sabanas de un día a otro se habilitan para poner cultivos de palma. Ahí se dice que no hay deforestación, pero si hay reemplazo de un tipo de ecosistema que es la sabana”.
Devia explica que los cultivos de palma en este ecosistema tiene “una connotación muy fuerte” porque, al estar ubicados en zonas donde la precipitación no es suficiente, tienen que instalar un sistema de riesgo en los ríos cercanos. Por el contrario, en la época de lluvia, un porcentaje alto de las precipitaciones genera las sabanas inundables y llega a los ríos. Sin embargo, cuando la palma aceitera remplaza los pastos de sabana, la mayor parte de la lluvia no llega hasta los ríos porque se queda en los cultivos de palma. “Eso afecta la dinámica hídrica de los ríos y a su vez afecta las sabanas que se inundaban. Así se va cambiando la condición de la sabana hacia zonas de cultivo con alta demanda de agua y eso está afectando la demanda hídrica del territorio”.
En ese sentido, Devia considera que la legislación de la Unión Europea es una medida que puede ser efectiva en Colombia. “Son medidas que vinculan a la sociedad civil de manera práctica con problemas que son relevantes, pues muchas veces lo que genera son ruidos en el mercado”.
El reporte indica que Colombia es el sexto país proveedor de aceite de palma en crudo para la Unión Europea, con más de 200 toneladas de aceite de palma en crudo exportadas a los países de este continente en el 2021. César Corredor, Coordinador de Tropical Forest Alliance (TFA) en Colombia, señala que si bien existe un sector de palmicultores que han apostado por la deforestación cero y están produciendo palma sostenible, la nueva regulación de la Unión Europea “obligará a que los nuevos palmicultores se vean forzados a adecuarse a ese tipo de prácticas”. Además —sostiene Corredor— en la medida en que la certificación de palma sostenible tenga mayor relevancia en el mercado nacional, los productores que puedan estar relacionados con la ilegalidad quedarán al margen. “Creo que el camino es seguir trabajando en la formalización y asegurar que todo el sector pueda tener esos estándares”, añade.
Sin embargo, el coordinador de TFA en Colombia considera que faltan pasos importantes para que el país cuente con sistemas de información suficientemente fuertes, no sólo para los sectores productivos sino también para aquellos aspectos de ilegalidad e informalidad que causan deforestación. “La regulación debe servir no solo para comprometer a los sectores productivos, sino para que los países, de la mano con la Unión Europea y con otros mercados importantes, empiecen a mirar los fenómenos que existen en torno a la deforestación de manera mucho más profunda. Creo que la regulación va a ser muy efectiva y ayudará a dar pasos importantes para reducir este fenómeno”.
En ese sentido, Corredor considera que se requiere un buen sistema de monitoreo que permita identificar información precisa a nivel de predios sobre dónde está ocurriendo la deforestación y, además, se requiere un sistema de trazabilidad de productos.
