“Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad: se deben prohibir y penalizar tanto desmontes como incendios forestales. La deforestación provoca cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, maderas y medicinas, y desaparición de especies”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El reporte de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, revela que la deforestación durante el año pasado en Santiago del Estero fue de 38.492 hectáreas, en Chaco 36.159 hectáreas, en Formosa 22.664 hectáreas y en Salta 15.230 hectáreas; totalizando 112.545 hectáreas. (1)

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“Resulta grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido. Es importante advertir sobre la ilegalidad de las 36.159 hectáreas deforestadas durante 2022 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En ese sentido es muy preocupante el aumento de la deforestación respecto del año 2021 cuando, también ilegalmente, en la provincia de Chaco se perdieron 24.427 hectáreas”, advierte el informe.

Por su parte, los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego estiman que la superficie afectada durante 2022 por Incendios Forestales, Rurales y/o de Interfase Urbano Forestal fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.

GPA Desmontes por Tierra Formosa (1) julio 2022

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“En forma preliminar, la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas. Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios”, señala el reporte de Greenpeace.