En las últimas horas, se ha generado una polémica sobre la posibilidad de que se administren dosis de inmunidad de forma compulsiva a la población. Sobre todo, luego de que Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, anunciara que la vacuna contra Covid-19 será obligatoria en la Argentina. Pero que en la primera etapa el gobierno solo permitirá la aplicación de las que cumplan con todos las normas de seguridad legales.
La funcionaria dijo; “quizás es un poco agresivo decir que será obligatoria, pero la mayor parte de la población se vacunaría contra el virus”. También sostuvo que están conscientes de que hay muchas personas que tienen dudas sobre lo que escuchan y hasta se sienten amenazadas. Por lo que ratificó que su camino es la información.
Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par Daniel Gollán, aseguraron que la aplicación no será obligatoria.
¿Un derecho o una obligación?
La ley 22.909 de la Argentina, establece que las vacunas son gratuitas y obligatorias para todas las personas. Esto significa que es una política pública que prioriza tanto el impacto social como el beneficio individual. Y son gratuitas porque el Estado es responsable de asegurar su acceso en todo el país.
Aunado a esto, en enero del 2019 se promulgó la ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por vacunación, en la cual se encuentra el Covid-19. Lo que reafirma la administración de dosis contra este virus como una política de Estado y continúan siendo gratuitas y obligatorias.
Vizzotti, indicó que la prioridad la tendrán el personal de salud, agentes de seguridad, fuerzas armadas y los bomberos. Asimismo, los mayores de 60 años y las personas que tengan condiciones de riesgo. La secretaria de Acceso a la Salud, adelantó que el Estado elabora un plan de vacunación masivo, pero que no aplicará ningún biológico que no cumpla con los requisitos de sanidad.
Detrás de la controversia de la vacunación
El médico genetista Marcelo Martínez, hizo una declaración al diario digital Infobae la que considera lo siguiente. Como representación de los cenadores de la nación; “es una cuestión legal a resolver el hecho de hasta qué punto un individuo tiene que acatar o no imposiciones que van en contra de su salud”.
Explicó que el concepto de virus se asocia con el término de contagiosidad, y si algo es contagioso los Estados tienen el aval para el control poblacional.
También dijo que al igual que otros antídotos, las dosis del Covid-19 puede tener contrariedades que aún no se han detectado. Reveló que el promedio de tiempo para el desarrollo de una vacuna es entre 2 y 20 años. Por lo que le parece impensado que se vacune a la población mundial con un compuesto del que se sabe tan poco.