En un importante avance hacia la igualdad de género, las mujeres en Turquía han asegurado el derecho a conservar su propio apellido después del matrimonio, revirtiendo una regla de larga data que obligaba a adoptar el apellido de su esposo.
Anteriormente regida por el Artículo 187 del código civil turco, las mujeres estaban obligadas a adoptar el apellido de su esposo al contraer matrimonio, con la única opción de incluir su apellido de soltera como segundo nombre a través de procesos de solicitud formales. Esta regulación impedía que las mujeres utilizaran únicamente sus apellidos originales después del matrimonio, perpetuando normas sociales obsoletas.
La decisión transformadora fue dictada por el Tribunal Constitucional de Turquía el 28 de enero, marcando un momento crucial en el panorama legal del país. El fallo del tribunal, emitido en abril de 2023, proporcionó una ventana vital para la reforma legislativa, otorgando al parlamento nueve meses para redactar un nuevo artículo. Sin embargo, la ausencia de tal legislación ha creado un vacío legal para las mujeres que se casan después de este período hasta la promulgación de la ley revisada.
El impulso para desafiar el Artículo 187 se remonta a 2001, cuando el 8º Tribunal de Familia de Estambul inició la moción, basándose en precedentes establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La petición argumentaba que la obligación para las mujeres de cambiar sus apellidos al casarse violaba principios fundamentales de igualdad y privacidad consagrados en la Constitución turca.
Destacando la importancia de la identidad individual y el derecho a la privacidad, la moción enfatizaba el vínculo intrínseco entre el nombre y la identidad personal, enmarcándolo como un aspecto esencial de la autonomía individual.
La decisión de revocar el Artículo 187 tiene implicaciones más amplias para los derechos de las mujeres en Turquía, un país que lucha con disparidades de género sistémicas y altas tasas de violencia de género. La retirada de Turquía del Convenio de Estambul en 2020, un tratado emblemático destinado a combatir la violencia contra las mujeres, subrayó los desafíos continuos enfrentados por los defensores de los derechos de las mujeres.
A pesar de los marcos legales destinados a proteger los derechos de las mujeres, incluidas disposiciones contra la violencia doméstica y la discriminación de género, la aplicación efectiva de estas leyes sigue siendo obstaculizada por actitudes patriarcales arraigadas y barreras sistémicas para la justicia.
Si bien la derogación del Artículo 187 representa un avance notable, sirve como recordatorio de la lucha continua por la igualdad de género y la imperiosa necesidad de reformas integrales para abordar las desigualdades sociales arraigadas.
Fuente: nadja.com