Desde pequeños hemosaprendido que, aunque pequeña, la semilla encierra en su interior la inmensacapacidad de generar vida. Sin embargo, la realidad nos cuenta otra historia yla vida aparece como centro en una disputa por a quién la pertenece y cuál es sucreador.
Hace años enArgentina, distintas organizaciones sociales y ambientales han venidoresistiendo la intención de modificar una ley que, aunque pareciera que a losconsumidores finales no los atañe, es el eslabón de una cadena que determinaqué y cómo se cosechan los alimentos que consumimos.
Nos referimos a la “Ley desemillas y creaciones fitogenéticas” (Ley Nº 20.247) que, habiendo sidopromulgada en 1973, hoy será presentada –según lo anunció el jefe de Gabinetedel Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo- en la Comisión Nacionalde Semillas (CONASE). El 25 de agosto será enviada al Congreso.
Lo que está en debate
Tal como funciona hoy, la ley le concede al agricultor la figura del uso propio, esto es, le permite que una vez que han cosechado puedan guardar las semillas para volver a utilizarlas en otra siembra de manera gratuita; siempre y cuando no las venda, lo cual sí es considerado como ilegal.
La reforma consiste, básicamente, en acotar el uso propio gratuito de las semillas, reconocer las nuevas tecnologías y definir cómo se protegerá la propiedad intelectual; lo cual ha sido conseguido gracias a la presión de empresas multinacionales como Monsanto, que buscan obtener el control (específicamente la patente intelectual) de las semillas que modifican genéticamente para hacerlas aun más resistentes a los herbicidas con glifosato como el RoundUp, que casualmente ellos mismos comercializan.
De esta manera, la ley tal como está hoy perjudica los intereses de estas compañías que buscan cobrar regalías por cada vez que un productor siembra sus semillas, tal como sucedería si un cantante tocase una pieza musical de otro artista; solo aquí el eje es nada más que el inicio de la vida. De todas formas, este tipo de cultivos (transgénicos) ya dominan el mercado y hacen que para los productores hallar otras semillas ya no sea posible de la misma manera. El mercado se atraviesa en algo que debería ser de acceso libre e ilimitado.
Con la reforma se busca reconfigurar, junto con la propiedad, la producción y comercialización. Pero además, quienes se oponen a ella, también denuncian que el texto de reforma no se ha hecho público y, por ende, tampoco ha sido debatido correctamente y sujeto a consultas.
Por eso, alrededor de 30 organizaciones sociales presentaron una nota al Ministerio manifestando su rechazo a la modificación de la ley y pidiendo que el anteproyecto se haga de conocimiento público, como debería ser.
¿Cuál es el revés de esta reforma?
Quienes se oponen a la modificación de ley* señalan que:
- Sería una amenaza a la biodiversidad y la soberanía alimentaria, ya que condicionaría la producción (y por ende, nuestros alimentos) únicamente a la ganancia.
- Favorecería los grandes monopolios (Monsanto, Dow, Dupont, Syngenta, Bayer) y perjudicaría a los pequeños productores y al modelo de agricultura familiar.
- Implicaría la expansión aun mayor del uso de herbicidas con glifosato, que son los que resisten este tipo de semillas modificadas; con las consecuencias ambientales y de salud que eso conlleva.
- Se privatizaría la base de la cadena alimentaria: estaríamos dejando nuestra alimentación a merced de las grandes multinacionales del mundo.
- Se avanzaría y extendería aun más el modelo de agricultura industrial, en desmedro de los saberes y prácticas campesinas.
- Se limitaría aun más la libre circulación e intercambio de semillas.
Recientemente, el 1º de agosto, en el día de la Pachamama, la “Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas”, que nuclea distintas organizaciones vinculadas a la agricutura y el ambiente, se manifestó en las puertas del Ministerio de Agroindustria según explican: “Convencidos de que un proyecto de ley que se discute a puertas cerradas con los representantes de las grandes corporaciones y los ganadores del agronegocio, dejando a las mayorías por fuera, es un proyecto de ley que busca perpetuar la ganancia de unos pocos y las penurias de muchos”.
En un comunicado de prensa, además expresan que: “Para nosotrxs, la semilla es la base de nuestra alimentación, fuente de diversidad agrícola cultural. Creadora de comunidad y vida. Pero para las grandes corporaciones es un negocio. La semilla ha sido el insumo utilizado para consolidar la actual cadena del agronegocio en Argentina, Paraguay, Brasil y el resto de América Latina. A través de ella, estas multinacionales nos han impuesto un destino común de saqueo y muerte. Desaparición de bosques nativos, sustitución de cultivos centrales para nuestra alimentación (como el girasol), expulsión de los pequeños productores agrarios de sus tierras y eliminación del empleo rural con dos trabajadores por cada 500 has de producción) han sido sólo algunas de las consecuencias sufridas por nuestros pueblos. Finalmente, los agrotóxicos que estas empresas asocian a las semillas profundizan un genocidio silencioso que hoy está afectando a las poblaciones rurales y urbanas de todo el mundo, con enfermedades como alergias, cáncer, abortos espontáneos y deformaciones. Y si hasta ahora estas corporaciones utilizaron nuestras semillas milenarias para sus negocios, hoy también se las quieren apropiar”.
Sin duda, esto vuelve a poner sobre la mesa una discusión que aun necesitamos continuar dándonos: ¿somos capaces de privatizar la vida?
La lucha de organizaciones sociales y ambientales busca una vez más demarcar los límites al mercado que cada vez busca avanzar más sobre los derechos de nuestros pueblos.