por Barinia Montoya.
Representantes de las comunidades indígenas y de las principales empresas involucradas en la Estrategia Nacional del Litio se reunieron en Santiago para dar inicio al diálogo que el presidente, Gabriel Boric, prometió durante el anuncio de la Estrategia a fines de abril. El objetivo fue intentar responder a la pregunta: ¿Cómo pueden respetarse los pueblos originarios, sus tradiciones y derechos ante el ímpetu del desarrollo de la industria del litio?
El encuentro contó con la participación del subsecretario de Minería, Willy Kracht, y el presidente del directorio de Codelco, la empresa estatal dedicada a la explotación minera cuprífera, Máximo Pacheco. También estuvo presente el jefe de negocios mineros de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Nicolás Pacheco, y el jefe de sostenibilidad y relacionamiento comunitario de SQM, Javier Silva, la principal empresa que extrae litio del salar de Atacama.
De parte de las comunidades estuvo Ercilia Araya, presidenta de la comunidad Colla de Pai Ote; Ariel León, asesor en materia minera y ambiental de esa comunidad; Esteban Araya Toroco, integrante del pueblo indígena Licanantay y Sergio Chamarro, asesor jurídico del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).
La ausencia de consulta indígena y la preocupación por los antecedentes ambientales de Codelco, que tendrá un rol clave en el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio, fueron algunos de los temas abordados.
¿Habrá una real participación?
Algo central en la Estrategia anunciada por el presidente, es que el Estado participará en todo el ciclo productivo del mineral creando para ello una empresa nacional del litio. De esa manera, el esfuerzo de exploración y explotación del mineral se hará con base en la colaboración público-privada.
Para ello, “los pueblos indígenas son centrales en la discusión”, dijo el subsecretario de Minería, Willy Kracht, durante el encuentro con los representantes de las comunidades. El personero de gobierno precisó que la idea “es co-construir, con participación amplia, el proyecto de ley (que crea) la empresa nacional (del litio)”. Asimismo, Kracht recalcó que “la discusión no comienza en el Congreso, sino que, dada su naturaleza, requiere de un proceso de diálogo que tiene que ocurrir antes de presentar cualquier moción o proyecto de ley”.
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Las palabras del subsecretario, sin embargo, fueron recibidas con cautela por los dirigentes indígenas quienes criticaron que la reunión se realizara en Santiago y no en los territorios donde ellos habitan y donde opera la industria. Ercilia Araya, la presidente de la comunidad Colla de Pai Ote, sostuvo que a pesar de las buenas intenciones del gobierno, “no existe conciencia de la forma de vida de los pueblos”. Prueba de ello, dice, es que aunque fue invitada para el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio que se llevó a cabo en abril, no logró estar presente puesto que le avisaron el mismo día del evento. “Vivo en el territorio a una distancia muy lejana de la ciudad, no pueden avisar tan encima”.
Preocupación por los antecedentes de Codelco
El subsecretario también hizo hincapié en decir que, de acuerdo con lo establecido por la Estrategia, “un 30 % de la superficie de los salares no será intervenida para formar parte de una red de salares protegidos”. Sin embargo, los líderes comunitarios dieron a conocer su preocupación al saber que Codelco —la empresa estatal dedicada a la explotación minera cuprífera— será la empresa que liderará, de ahora en adelante, todos los procesos de negociación para que el Estado pueda tener una participación en el salar de Atacama.
Cabe recordar que actualmente Atacama es el único salar del cual se extrae litio en Chile y que, durante el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, el presidente Boric sostuvo que se respetarán los contratos que las empresas SQM y Albemarle mantienen vigentes en dicho salar. Pero también anunció que se buscarán caminos para que el Estado pueda desde ya participar de esa extracción antes de que venzan los contratos. De esa manera, en caso de conformarse una empresa público-privada que explote el litio en el salar de Atacama, esta será controlada por el Estado a través de Codelco, explicó el mandatario.
Lo que preocupa a los líderes indígenas es que “la empresa estatal mantiene un largo historial de desastres ambientales e incluso actúa peor que una empresa privada”, aseguró la presidenta de Pai Ote.
Sergio Chamorro, asesor jurídico del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), sostuvo durante su intervención que el conjunto de comunidades que integran el CPA no tuvo un diálogo previo para poder entender de qué se trataba la Estrategia Nacional del Litio y agregó que a través de la prensa “nos enteramos que Codelco será la empresa encargada en la extracción de litio de la cuenca del salar de Atacama”.
El asesor jurídico no titubeó al decir que la empresa estatal “ha procedido de forma sistemática a contaminar, disminuir y generar un colapso ecológico en la cuenca hidrográfica del río Loa. Las comunidades se preguntan por qué hay tanto abandono del Estado en esos territorios y lo paradójico es que hoy una empresa del Estado tomará el control en la Estrategia Nacional del Litio”.
Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, por su parte, asumió durante su intervención que la empresa estatal “ha hecho cosas buenas y otras no tanto”. En ese sentido, el economista agregó que la estatal es capaz de “aprender de los errores” y demostrar un mejor actuar a través de la Empresa Nacional del Litio.
El presidente del directorio de Codelco prometió que el Estado se hará cargo del impacto en el medio ambiente y de mantener una buena convivencia con las comunidades indígenas. Además, el ejecutivo destacó que la estatal se encargará de los desafíos tecnológicos que se necesitan para desarrollar la cadena de valor en torno al litio. Por último, señaló que están muy conscientes de la dimensión geopolítica de Chile. “Debemos demostrar que somos capaces de hacer las cosas bien”, dijo.
Ausencia de consulta indígena
Ariel León, el asesor en materia minera y ambiental de la comunidad Pai Ote, sostuvo que la gran tensión entre las comunidades de pueblos originarios y las empresas mineras se genera debido a que estas no realizan la Consulta Indígena que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del cual Chile es firmante.
Prueba de ello es que en el salar de Maricunga —la segunda reserva de litio más grande del país y que es parte del territorio que ancestralmente ha utilizado la comunidad Colla Pai Ote— Ercilia Araya ha logrado detener, al menos momentáneamente, dos de los tres proyectos que buscan extraer litio por no realizar una Consulta Indígena. Además, consiguió que el tercero sea investigado por causar daños ambientales.
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León cuestionó el actuar del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el organismo público que lleva a cabo la Consulta Indígena, y que aunque fue invitado al encuentro no asistió. “Este servicio pareciera estar destinado a atajarle todos los goles a los pueblos originarios en favor de los privados. Durante este gobierno ha ocurrido el mismo fenómeno”, dijo León.
Tanto para Araya como para León, la Empresa Nacional del Litio debería realizar un proceso de Consulta Indígena distinto. Además, plantean que una solución sería tener un espacio dentro del directorio de Codelco o de las empresas público-privadas que se negocien. “No nos pueden dejar de lado, porque somos del territorio”, dijo Araya.
La líder Colla recalcó también su preocupación no solo por la flora y fauna que habita en los salares y que en numerosos casos se encuentra amenazada de extinción, sino también por la forma de vida de los pueblos indígenas y sus actividades de identidad cultural, como la trashumancia. Este tipo de pastoreo de movimiento continuo entre invernadas —en la época de invierno— y veranadas —en la época de verano— es realizada todavía por la comunidad colla Pai Ote y abarca un amplio territorio que incluye el salar de Maricunga. “Pedimos al presidente Boric que tengan cuidado con lo que van a hacer pues no sabemos cómo vamos a quedar parados”, dice León.
Los salares en la mira de la industria
Nicolás Pacheco, jefe de proyectos mineros de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), abordó el rol que tendrá la estatal en el desarrollo de la minería del litio en Chile en el marco de la Estrategia. El ejecutivo adelantó que se está desarrollando, en la región de Atacama, el proyecto Salares Altoandinos SpA. Este se encuentra en un estado de exploración básica, aseguró, y abarca cinco salares del norte de Chile: Las Parinas, El Aguilar, La Isla, Infieles y Salar Grande.
En la instancia, Pacheco adquirió un compromiso con la seguridad y desarrollo sustentable como pilar fundamental del proyecto y aseguró que la empresa “trabajará con los estándares más altos que se definan a partir de la Estrategia Nacional del Litio”.
Esteban Araya Toroco, integrante del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), manifestó que para que exista un avance en el diálogo se debe construir confianza y acciones concretas, aludiendo a las demandas territoriales que mantienen los pueblos originarios. El dirigente comunal señaló que la Dirección General de Aguas (DGA) “debe tomar cartas en el asunto”, en cuanto a los derechos de agua que otorgó y que condujo a que la cuenca del salar de Atacama esté sobreexplotada. A su vez, Araya Toroco hizo un llamado a poner los ojos en lo que está ocurriendo en el salar de Tara, otro ecosistema salino que está en la mira de la industria del litio a pesar de encontrarse al interior de un área protegida.
Chamorro, el asesor jurídico del CPA, coincidió con Araya Toroco en la necesidad urgente de realizar un estudio científico para saber cuál es el estado hidrográfico en el que se encuentra la cuenca de Atacama. “Los salares no son minas”, dijo Chamorro al asegurar que estos ecosistemas están intrínsecamente ligados a la cosmovisión de los pueblos indígenas y a su conocimiento territorial. Por lo mismo, hizo hincapié al sostener que dicho estudio deberá aunar los conocimientos entregados por el Estado, las empresas y también las comunidades locales.
El asesor jurídico del CPA señaló que las comunidades están expectantes de ver cómo el Estado comienza a proteger los salares de Chile. “Esperamos que no caiga en verlos como un objeto para la transición energética del norte global”, dijo. Asimismo destacó que los pueblos indígenas, “como titulares de dominio de las tierras que comprenden a los salares”, deben participar activamente dentro del debate sobre qué se entiende por una transición justa.
Fuente: DW.