La caza del lobo ibérico ya tiene fecha de caducidad. Esta especie dejará de ser considerada cinegética (animales que pueden ser objeto de caza y pesca) en toda España en una fecha “no posterior al 25 de septiembre de 2021”, ha comunicado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica.
La medida implicará igualar el estatus de conservación del cánido en todo el territorio y que no se pueda cazar como ocurre ahora en las comunidades que viven al norte del río Duero, donde el animal es más abundante. En cambio, al sur la especie se encuentra estrictamente protegida y solo se pueden capturar ejemplares con permisos especiales.
En la actualidad, se abaten más de cien lobos al año legalmente en España, de una población de entre 2.000 y 2.500 animales, que se distribuyen en unas 297 manadas, según la estimación del último censo nacional realizado entre 2012 y 2014. La mayor densidad se encuentra en Castilla y León, seguida por Galicia, Asturias y Cantabria, que albergan el 95% de la población.
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Opinión de las organizaciones ecologistas
El presidente de la organización Ascel, Ignacio Martínez, la cual promovió el cambio en la normativa del lobo, califica de “inaceptable” el texto de la orden ministerial que, cuando se apruebe, permitirá incorporar al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y elevar su categoría de conservación.
Martínez asegura que la orden abre la puerta “a que se continúen abatiendo ejemplares por control, para prevenir perjuicios importantes al ganado o por motivo de interés público de primer orden y aquí están incluidos los de carácter socioeconómico”.
Ascel pidió al departamento de Teresa Ribera que los planes de gestión de las comunidades autónomas cesaran en el momento en que se publicara el texto.
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Ecologistas en Acción da un voto de confianza al ministerio y considera que hay que calificar “de forma muy positiva” el paso adelante dado. Con un pero, matiza Theo Oberhuber, coordinador de proyectos de la organización: “Estamos en contra del sistema de control de lobos, que se llevan a cabo sin ninguna base técnica ni justificación. Es un modelo que ha fracasado completamente”.
Oberhuber considera que si las comunidades autónomas adoptaran medidas de protección del ganado, no sería necesario ningún tipo de control, cuyas medidas “ya se tendrían que haber suspendido”.
Castilla y León anunciaron a finales de abril la subasta de permisos para abatir a 12 lobos en la reserva regional de caza de la Sierra de la Culebra (Zamora), donde los interesados pueden llegar a pagar 6.000 euros por abatir un animal.
Una situación que no debería volver a producirse a partir del 25 de septiembre, cuando, según ha indicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, todas las comunidades estarán obligadas a “tener sus herramientas de gestión vinculadas a la especie adaptadas a la nueva situación”.
La propuesta de inclusión del lobo en el LESPRE fue aprobada por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el pasado 4 de febrero. Además de prohibir la caza, el acuerdo incluía el compromiso de introducir medidas para mejorar la coexistencia con la ganadería extensiva, indica el ministerio.
Para lograrlo se piensa adoptar medidas compensatorias con financiación pública para los territorios loberos. Entre ellas, habilitar un pago adicional al pastoreo extensivo en zonas de convivencia de grandes carnívoros y ayudas para adoptar medidas de protección del ganado.
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