La Resolución se da en el marco del fallo que realizó la Cámara Federal de Apelaciones el 3 de junio de este año, en el cual instaura la medida cautelar vigente que suspende la actividad offshore en los bloques CAN 100, 108 Y 114 de la Cuenca Argentina Norte.
Desde la organización, sostuvieron que la presentación del Ministerio de Ambiente cuenta con graves falencias, por lo que solicitan su anulación. Como principal cuestionamiento, no cumple con los preceptos del Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado de derecho ambiental de América Latina y el Caribe, al cual Argentina adhirió por ley.
“Esta nueva presentación del ministerio es un atropello a los derechos de la ciudadanía, y exigimos su nulidad por ser inconstitucional, al no cumplir con los preceptos constitucionales del Acuerdo de Escazú, de acceso a la información, participación pública y transparencia”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
Asimismo, el informe de impactos acumulativos y sinérgicos que presentó Equinor es aprobado, pero no acompaña la Resolución; tampoco los documentos citados son de acceso público.
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Por otra parte, desde el ministerio instan a la empresa de capitales noruegos a articular con la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, lo que da cuenta que existe una correlación entre la exploración sísmica y los varamientos de mamíferos marinos.
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“La expansión de la extracción y producción de combustibles fósiles afecta al ambiente, agrava la crisis climática y representa una amenaza a los derechos humanos y los de las generaciones futuras. La protesta pública continuará y, desde Greenpeace, seguiremos trabajando para que se respeten los derechos de la ciudadanía. Agotaremos todas las instancias hasta lograr el no definitivo a la exploración sísmica y a la explotación petrolera en nuestro mar”, agregó Vueso.
El 13 de enero, Greenpeace, Surfrider Argentina, la Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, la Asociación de Surf Argentina, la Organización Mar, la Asociación de Surf de General Alvarado (Miramar), Ecos de Mar y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron una demanda en el Juzgado Federal número 2 de Mar del Plata.