Después de catorce días de análisis y discusiones, la 25ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) finalizó el pasado domingo 15 de diciembre. Varios expertos hacen una valoración sobre los resultados del evento en diferentes áreas: reducción de emisiones y mercados de carbono, agricultura y alimentación, sostenibilidad del transporte y transición energética y desarrollo y perspectivas de futuro.
Reducción de emisiones y mercados de carbono
Mar Campins, catedrática en Derecho Internacional y del Medio Ambiente
El texto finalmente adoptado por la COP 25 ha descartado las referencias a la “actualización” o la “mejora” de las Contribuciones Nacionales Determinadas (las reducciones de emisiones y las acciones de adaptación que los Estados miembro se comprometen a llevar a cabo). Se ha limitado a “invitarlos” a “comunicar” en 2020 sus planes a medio y largo plazo. No se ha incrementado el alcance de los compromisos nacionales subscritos antes de 2020, ni se han concretado las acciones para el período posterior.
Tampoco se ha adoptado una decisión clara en torno a los instrumentos relativos a los enfoques cooperativos (comercio de emisiones de carbono y el Mecanismo de Desarrollo Sostenible) bajo el paraguas del Acuerdo de París. El tema se ha pospuesto a la cumbre que se celebrará en Glasgow el próximo año. Esta ya había sido una de las cuestiones más complejas en el desarrollo del Protocolo de Kioto. La articulación de un sistema de mercado de emisiones a nivel mundial exigió nueve largos años de negociaciones.
Siguen también pendientes los temas relativos a la financiación de las acciones de adaptación. En particular, de cómo se articulan las contribuciones de los países desarrollados al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y al Fondo Verde para el Clima.
Asimismo, la COP 25 establece un nuevo mandato del Mecanismo Internacional de Varsovia, pero no aborda los aspectos de la gobernanza climática. Los grandes emisores siguen sin brindar el apoyo necesario a los países más vulnerables, especialmente a los de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares y los Países Menos Adelantados.
Agricultura y alimentación
Ivanka Puigdueta y Alberto Sanz, investigadores en Sistemas Agroalimentarios
Durante la COP25 se ha dado a conocer el primer Informe sobre Riesgos Ambientales y Climáticos en la Cuenca Mediterránea (del MedECC), que pone de manifiesto la situación de emergencia socioambiental en la región mediterránea. Cabe destacar la elevada vulnerabilidad de varios cultivos clave ante la subida de las temperaturas, la necesidad de reducir la dependencia exterior de recursos para la alimentación animal y la fertilización de cultivos, y la disminución y empobrecimiento de los recursos hídricos.
En materia de mitigación, las conversaciones han venido marcadas por el informe del IPCC Land and Climate. Este concluye que las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción y consumo de alimentos suponen entre el 21 y el 37 % del total global, lo que le convierte en un sector clave para el cumplimiento del Acuerdo de París.
Como estrategias para reducir las emisiones de los sistemas agroalimentarios y forestales, dicho informe señala la necesidad de implementar cambios sistémicos que promuevan la disminución del desperdicio alimentario, la moderación de la ingesta de proteína animal y que incrementen la eficiencia en el uso de recursos. Por ejemplo, de la fertilización de los cultivos, un tema también objeto de discusión en la COP25 en el marco del Trabajo Conjunto de Koronivia sobre Agricultura.
Es de celebrar que el texto final de la COP25 recoja la importancia del uso del suelo, pese a los intentos de bloqueo liderados por Brasil. La postura de este país se explica por su dependencia de la producción de soja para alimentación del ganado. Esta conlleva importantes emisiones de GEI por el cambio de uso del suelo en zonas de la Amazonia (incendios mediante) y al transporte por mar de los piensos y grano a otras regiones del mundo.
Sostenibilidad del transporte
Roberto Álvarez, profesor de Movilidad Sostenible
En el ámbito del transporte, la COP25 ha tenido gestos. Gestos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (han facilitado transporte publico a los asistentes), gestos por parte de las grandes empresas implicadas (han promocionado el vehiculo electrico y la red de recarga), por parte de algunos países, por parte de la Unión Europea y, lo que es más importante, por parte de los asistentes, de los anónimos. Porque en un evento como la COP se palpa el ambiente y el compromiso y de eso no se puede hablar desde fuera. Eso hay que vivirlo.
No en todas las cumbres se firman acuerdos tan llamativos como en la COP21 de París. La COP25 ha sido más bien una cumbre de transición, de vigilancia de los avances conseguidos y del cumplimiento de los compromisos para 2020.
No obstante, se pueden resaltar algunos destellos, como el Pacto Verde Europeo, con el que los países de la UE se comprometen a lograr una reducción muy ambiciosa de los gases emitidos por sectores clave, como es el caso del transporte. O como la llegada del ministro Pedro Duque en un vehículo propulsado por hidrógeno, el que podría ser el combustible verde del futuro. En resumen, ha sido una COP25 de gestos e intenciones, de conversación, pero en la que ha faltado acción.
Transición energética y desarrollo
Margarita Mediavilla, investigadora en Políticas Energéticas
La historia de los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático está llena de fracasos e incumplimientos. Es difícil creer que la COP25 vaya a cambiar la larga tradición de acuerdos ineficaces y emisiones globales crecientes.
Sin embargo, la UE presentaba el pasado miércoles su Pacto Verde Europeo con el que pretende reducir las emisiones netas a cero en 2050. ¿Es realista este objetivo? Los estudios que estamos realizando en el GEEDS-UVa muestran que es imposible sustituir los combustibles fósiles en esos plazos con medidas únicamente tecnológicas.
Descarbonizar completamente la economía requiere, además de importantes inversiones en eficiencia y energías renovables, cambios culturales que permitan reducir drásticamente el consumo de energía y, todo ello, dentro de marcos de crecimiento económico muy débiles o incluso negativos.
No podemos reducir las emisiones en el actual contexto de competencia global en el que los países y las empresas se ven forzados a un crecimiento económico constante. Es el momento de reconocer que aquello que el desarrollo sostenible, que pretendía aunar la protección del medio ambiente con el crecimiento económico, ha fracasado. Debemos volver a considerar las recomendaciones de los [primeros estudios sobre sostenibilidad de los años 70] que decían que primero necesitamos estabilizar nuestra actividad económica para poder resolver los problemas ambientales.
Perspectivas de futuro
José Luis Postigo, investigador en Cambio Climático y Cooperación para el Desarrollo
Cualquiera que lea la primera palabra de cada punto del documento final de la Cumbre del Clima (Chile-Madrid. Tiempo de actuar) puede darse cuenta de que apenas ha habido avances durante la CO25: “reconoce”, “observa con preocupación”, “reconoce”, “confirma”, “expresa”, “subraya”, “hace llamamiento”, “toma nota”, etc. Si es tiempo de actuar, en esta COP se ha actuado poco.
Además de otras muchas cuestiones que se han dejado pasar en la COP25, los países tampoco van a estar obligados durante el primer semestre de 2020 a presentar un calendario de nuevos compromisos sobre emisiones. Así será difícil forzar a las partes a endurecer o marcarse compromisos más ambiciosos en la próxima COP26. Aún más, teniendo en cuenta que los países más contaminantes (EEUU, China, Brasíl,…) bloquean acuerdos, compromisos o ambiciones de otros.
En principio, en la COP26 que se celebrará en Glasgow en 2020 se deberían cerrar las cuestiones que no se han cerrado en Madrid y hacer efectivo el Acuerdo de París que debería entrar en vigor precisamente ese año. Pero llegar a Glasgow sin los deberes del año anterior hechos, significará que hemos pasado un curso en blanco y habrá que volver sobre temas que, según la agenda de París, deberían estar ya listos para ponerla en marcha.
El tiempo apremia y no se detiene, pero parece que para los Estados el tiempo se mide con una dimensión distinta. Cabría preguntarse si, en la situación de emergencia climática actual, son los países los actores más eficientes y eficaces para negociar y tomar decisiones.
Margarita Mediavilla Pascual, Profesora del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Miembro del Grupo en Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, Universidad de Valladolid; Alberto Sanz Cobeña, Profesor e investigador en el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Ambientales, Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Ivanka Puigdueta Bartolomé, Doctoranda en cambio climático y sistema alimentario, Universidad Politécnica de Madrid (UPM); José Luis Postigo Sierra, Investigador en políticas publicas, seguridad, cambio climático, agronomía y cooperación para el desarrollo, Universidad Rey Juan Carlos; Mar Campins, Catedrática del Departamento de Derecho Penal y Criminología y Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona y Roberto Álvarez Fernández, Profesor. Ingeniería eléctrica y movilidad sostenible, Universidad Nebrija
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lee el original.