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¡La situación mundial es más que preocupante! Los incendios son cada vez más frecuentes y severos.
Urge la necesidad de repensar una política más activa y comprometida con el planeta. Es imperioso reconocer que este contexto ecológico y climático requiere de medidas sostenibles y aplicadas a corto plazo.
Si bien esta práctica destructiva y dañina se debe en parte a las olas de calor y sequías prolongadas, otras son intencionales.
Tal es así que desde hace décadas se opta por prender fuego y de esa manera obtener superficie destinada a la siembra de alimento para el ganado. ¡Esto sin dudas incrementa el ecocidio!
El colapso está sucediendo ¿Hay escenarios de contingencia?
En ese sentido, más allá de el partidismo político de turno, se debe profundizar en estrategias que actúen ante la emergencia climática. Es necesario brindar equipamiento para las comunidades que viven cerca de las zonas más vulnerables.
Al mismo tiempo, los Ministros tendrían que tomar cartas en el asunto y analizar el presente y futuro de las generaciones por medio de planes de protección y mecanismos tales como la participación ciudadana directa, en la elaboración de propuestas viables que realmente aporten soluciones y alternativas; y también en la toma de decisiones.
¡Las causas son claras! Los intereses corporativos están por encima del bienestar de los ecosistemas. No hay dudas de eso. No se busca un equilibrio que preserve los hábitats y territorios.
Como resultado, los fenómenos de los incendios forestales se han convertido en uno de los mayores problemas ambientales de la humanidad. ¡Nuestros montes son víctimas del accionar inescrupuloso de los poderosos!
Los crímenes contra la naturaleza acentúan la emergencia climática
¿Qué está pasando en Rosario? ¿Qué personas y/o corporaciones están detrás del ecocidio?
¡Los impactos ambientales en la fauna y flora son gravísimos por la pérdida de biodiversidad que generan!
Los focos de incendio activos en las islas del Delta del Paraná se incrementan hora tras hora. Mientras los expertos advierten que se trata de una situación de “terrorismo ambiental”, la Justicia federal sigue sin identificar a los verdaderos responsables.
Leé la nota completa: Declaran que los incendios en las islas del Delta son un acto de "terrorismo ambiental"
¿Sabías que los intereses económicos detrás de los campos quemados involucran a sectores productivos ganaderos e inmobiliarios?
En comunicación con Todo Noticias, Matías Del Bueno director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario anunció lo siguiente:
“Desde hace tres años tenemos incendios ininterrumpidos, en el año 2020 se incendiaron unas 400.000 hectáreas, luego 300.000 en el 2021 y en lo que va de este año ya estamos por encima de las 120.000. El problema mas grave es que no se termina de apagar en un lugar y rápidamente muta a otro”
En ese sentido, el abogado especialista en derecho ambiental enfatizó:
“Esto tiene que ver con un cambio en el uso del suelo, acá se hace a través del fuego y en otros lugares mediante el desmonte. Uno de los problemas es que han cambiado las condiciones ambientales, nosotros estamos atravesando una de las mayores bajantes del Río Paraná en los últimos 140 años, una de las peores sequías de la historia y una gran cantidad de carga de material de combustible en la zona. Esto significa que cualquier incendio que hoy se quiera o no generar tiene la peligrosidad y la posibilidad de producir daños enormes”.
En relación a las acciones que el gobierno debería toma para cuidar y proteger el medio ambiente y conservar las bases naturales de la vida en miras a un desarrollo sostenible fue determinante. Retomando sus palabras:
“Los incendios están prohibidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá viene mi mayor preocupación… la Corte ha encomendado la Constitución del Comité de Emergencia Ambiental en donde tienen que estar actuando las tres jurisdicciones provinciales junto con el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Lamentablemente lo que hacen permanentemente es cargar su responsabilidad en la justicia, en una justicia que está absolutamente debilitada porque no tiene todos los elementos necesarios para poder actuar para resolver por si sola esta causa. Cuando, sin embargo, la Corte ordenó que los Poderes Ejecutivos lleven adelante las políticas ambientales necesarias para resolver la situación” sostuvo.
Según el abogado, la destrucción del humedal, la baja calidad del aire y la desidia conforman un escenario de “terrorismo ambiental”.
