En estos últimos días, Argentina tiene un nombre propio haciendo eco desde cada rincón del país hacia el mundo entero: Santiago Maldonado, 

Santiago tiene 28 años y desde hace más de una semana se encuentra desaparecido. La última vez que fue visto estaba acompañando a la comunidad Pu Lof en un conflicto por la recuperación de tierras en la provincia argentina de Chubut. Ahora, organismos internacionales de derechos humanos como la ONU, reclaman por su aparición con vida. 

¿Dónde está? ¿Qué fue lo que pasó? Son algunas de las preguntas que se escuchan cada vez con más fuerza. 

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Santiago nació en Buenos Aires, pero se mudó a El Bolsón, en la provincia de Río Negro. La última vez que se lo vio fue el 1 de agosto cuando estaba escapando de Gendarmería Nacional, en un operativo que movilizó a más de 100 efectivos de Gendarmería y Policía contra la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen. De acuerdo a lo que señalaron algunos testigos, los oficiales dispararon balas de goma y plomo, y también hubieron quemas de pertenencias de las familias de la comunidad.

A pesar de esto, Gendarmería Nacional niega haber detenido al joven; aunque la familia de Santiago sostiene que lo golpearon y ahora lo esconden. 

Éste no es un caso aislado. En enero de este mismo año, Gendarmería y Policía hirió, agredió y detuvo a varias personas de la comunidad mapuche por este mismo conflicto. En esta oportunidad, la acción de la que participaba Santiago pedía la liberación de Facundo Jones Huala, un líder mapuche encarcelado, cuya extradición es reclamada por la justicia chilena.

¿Qué hay detrás de esta desaparición?

Desde el 13 de marzo del 2015, la comunidad mapuche de Cushamen se decidió a recuperar su territorio ancestral, volviendo a una de las estancias que desde los años ’90 pertenecen legalmente a la compañía multinacional Benetton, que además de prendas de vestir, posee más de un millón y medio de hectáreas en la Patagonia Argentina; una región que concentra el 80% de las reservas petroleras, grandes recursos hídricos y una gran diversidad de flora y fauna.

Estas tierras fueron donadas hace más de 200 años por el Estado Argentino a ciudadanos ingleses; provocando el desplazamiento violento de las comunidades originarias que habitaban ese territorio. 

La recuperación para estos pueblos tiene la carátula legal de "denuncia penal por usurpación" para sus dueños también legales. Esto ha generado, como antaño, situaciones de violencia hacia la comunidad. Los casos de represión y violencia institucional de comienzos de año fueron incluso repudiados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Además, en ese lugar hace algunos años se vienen realizando cateos mineros que podrían contaminar las aguas del río Chubut. Por eso, resistir es, para la comunidad, ponerle un freno a estos emprendimientos sojeros, hidroeléctricos o petroleros.

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Un pedido que no conoce de fronteras 

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, por pedido del CELS, instó al Estado argentino a que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización” de Santiago, además de garantizar “la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba”. También señaló que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición”, entre otras medidas.

Amnistía Internacional también se sumó al reclamo y movilización para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables, argumentando que debe garantizarse la integridad física de la comunidad y generarse una solución en vista al conflicto territorial.

Por lo pronto, organismos de Derechos Humanos de Argentina convocaron a una concentración en Plaza de Mayo, para pedir por su aparición con vida, más allá de cualquier bandera política; ya que toda vida vale y de ningún modo los derechos humanos deberían vulnerarse de esta manera. 

¿Qué pasa con nuestros pueblos originarios?

El 2015 fue el año con más militantes socio-ambientales y territoriales asesinados, de acuerdo a un informe de la ONG Global Witness; 40% de ellos pertenecían a pueblos originarios. Esto no es nada azaroso; por lo general son ellos los guardianes de los recursos que muchas empresas quieren poseer y explotar. 

En muchos casos, asociar a las comunidades originarias con conflictos como el que involucra a Santiago termina estigmatizándolas y, de alguna forma, brindando "argumentos" para su marginación. Pero, ¿no crees que deberíamos defender su cultura y sus derechos en lugar de continuar desplazándolos? 

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