Éstos son los niños invisibles de México que crecen tras las rejas

Las cárceles de México son el hogar de alrededor de 618 niños*, cuyas madres han sido privadas de su libertad. Y cada vez son más: con respecto a las cifras del 2013 (396 niños), el número se ha casi duplicado en solo 3 años. 

Pero estos niños, que permanecen con sus madres durante los primeros años de su vida, son "invisibles" en el presupuesto penitenciario y su situación dentro de las cárceles es tan precaria como peligrosa. 

Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) del 2016 hizo pública la necesidad de darles la atención que necesitan para que ninguno de sus derechos se vea vulnerado, especialmente en relación a: salud, alimentación, educación, estancia digna y esparcimiento.

En este sentido reconocen que: "...La presencia de menores de edad en los centros penitenciarios de la República Mexicana es una circunstancia que no es la ideal y puede disminuir las posibilidades mínimas del libre desarrollo físico, psíquico, y socio-educacional de los infantes", y al mismo tiempo destaca la necesidad de: "... que se brinde alimentación suficiente y nutritiva; que se destinen instalaciones especiales para su atención médica, se establezcan protocolos de actuación para la atención de mujeres embarazadas que recientemente hayan dado a luz o se encuentren lactando, y capacitar al personal".

En México existen, según el informe, 379 centros penitenciarios que albergan a más de 230 mil personas; alrededor del 5% de ellas son mujeres. Y es esa misma condición de minoría la que también incide negativamente en que sus necesidades no se vean contempladas.

Dentro de lo que más vulnera los derechos de los niños y niñas que nacen y viven sus primeros años en la cárcel se encuentran: la insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna, deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar, deficiencias en la alimentación, y una inadecuada atención.

En la mayoría de los casos, no tienen un espacio adecuado, comparten la cama con sus madres (y sus hermanos, en algunos casos, si también los tienen), no cuentan con un espacio propio, ni un pediatra, ni tienen acceso a servicios de educación.

En cuanto a la alimentación, el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los Centros de Reclusión de México del año 2015, ya había señalado que en 65 centros las internas señalaron que no se les brindaba una alimentación especial a los niños, se les da alimentos de mala calidad o insuficientes, o se les restringe el ingreso de alimentos como leche en polvo.

Estas condiciones podrían tener un costo muy alto para su desarrollo físico y psicológico. Además, esta situación no termina al salir: los niños deben enfrentarse a un mundo que no conocen y, muchas veces, sin apoyo familiar; teniendo que vivir en centros de menores donde sus derechos continúan vulnerándose.

En julio de 2016, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar la Ley de Asistencia Social para garantizar el derecho a los hijos de madres privadas de su libertad a nacer y permanecer en cualquier centro de prevención y/o readaptación social.

Esta normativa entrará en vigor en noviembre de 2017; y esperemos que se normalice la situación de estos niños y niñas para que sus derechos, y el de sus madres, dejen de ser vulnerados y que ambos puedan tener un futuro mejor, en lugar de encontrar en él más exclusión. 

(*) Datos de agosto de 2016 presentados en el informe nombrado.