Quienes cometan delitos ambientales podrían ser juzgados como criminales de guerra

Todos los días, y cada vez con mayor visibilidad, llegan anosotros noticias de todas partes del mundo donde una misma escena, condiferentes variantes, se repite una y otra vez. Las grandes compañías, por logeneral multinacionales y en connivencia con los gobiernos locales, avanzan sobre losrecursos naturales, poniendo en juego, muchas veces, la salud, la tierra eincluso el sostenimiento de comunidades enteras.

Aunque existen varios informes que lo revelan, como porejemplo el que señala que lamegaminería, el agronegocio y las represas violan los derechos de los pueblosoriginarios, día a día los negociados siguen articulándose, muchas vecesdesde el anonimato, escudados en la impunidad y aprovechándose de lascondiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas de las comunidades másafectadas.

Pero la Corte Penal Internacional ha dado un paso adelante. Se ha hecho público undocumentooficial que señala que el tribunal  tendrá en cuenta, desde ahora, en sus criterios de selección decasos, los delitos ambientales que puedan tener consecuencias directas en lascomunidades. El tribunal de justicia internacional, con sede en La Haya,  tiene jurisdicción en 124 países y su función es juzgar los crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra.

En el documento puede leerse que: “La Oficina prestará especial consideración a la persecución de los crímenes comprometidos, a través del Estatuto de Roma, o que tengan como resultado la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de las tierras”.

Esto representa también una posibilidad para quienes no encuentran una respuesta en los tribunales de sus países, ya que podrían elevar sus demandas a nivel internacional. 

En este sentido, el nuevo criterio podría implicar la posibilidad de que comiencen a llevarse a cabo procesamientos por el cambio climático.  Richard Rogers, miembro de la asociación de abogados penales International Global Diligence, recuerda que "un gran porcentaje de las emisiones de CO2 habría sido causado por la deforestación como resultado de la ilegal apropiación de tierras”, por eso podrían tomarse cartas sobre ese asunto.

Sin embargo, "no todo es color de rosas"; porque esto no supone una extensión formal de la jurisdicción de la Corte. Aun es necesario, en este sentido, que el "Estatuto de Roma" (instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional) incluya como delito internacional el ecocidio, en tanto crimen que supone la destrucción irreversible de ecosistemas.

Además, este avance también tiene la limitación de solo poder juzgar a individuos físicos (excluyendo a los jurídicos). 

Por eso es tan importante, en principio, hacer visible que cualquier violación al ambiente está vinculada con el avance sobre los derechos de todos los habitantes y, fundamentalmente, los de las comunidades locales. 

Necesitamos una normativa internacional que nos proteja contra los grandes negociados y que pueda poner un límite al afán de lucro que hace fuerza constantemente por querer avanzar incluso sobre nuestra vida.