Allí donde abundan los recursos naturales, las grandes corporaciones internacionales plantan su bandera; y frente al mismo argumento de la generación de empleo o riqueza, destruyen ecosistemas enteros, generan altos volúmenes de contaminación, perjudican la fuente primaria de ingreso de los pobladores del lugar y dañan la salud de las familias de las comunidades cercanas.
Ésta parecería ser una fórmula que se replica, cada vez con mayor frecuencia, en diferentes lugares del mundo. Esta vez el turno fue de España, donde la empresa minera Berkeley Minera España S.A. (filial de la compañía australiana Berkeley Resources Ltd) desarrollará un proyecto de extracción y procesado de uranio en los municipios deRetortillo, Villavieja de Yeltes y Alameda de Gardón. "Retortillo-Santidad" y "Alameda"serán las únicas minas a cielo abierto de uranio permitidas en Europa.
Y lo hará, afectando parte de la Red Natura 2000, integrada por zonas especiales de conservación que albergan hábitats como prados y bosques, y es el hogar de especies amenazadas, como el águila real, la cigüeña negra o el galápago leproso.
Sin embargo, y por más paradójico que esto parezca, el proyecto obtuvo el permiso de explotación por la Junta de Castilla y León, y la planta para el tratamiento del uranio extraído que se construirá recibió la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Organizaciones como WWF ( World Wildlife Found) denuncian los daños que generará esta mina a nivel ambiental, económico-local y de salud pública.
Dentro de los daños ambientales que podría generar se encuentran: la destrucción de una zona de la Red Natura 2000; el aumento de la carga contaminante (con su riesgo radiactivo), disminucion de caudales y modificación en el río Yeltes, así como de los Ríos Huebras, Uces y sus afluentes; los daños producto de las megavoladuras; la la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con químicos y material radioactivo; y la extinción de una especie protegida de pez, llamada sarda salmantina, única de los ríos Yeltes y Huebra, y cuya población ha descendido un 67% durante este siglo.
Según WWF, estos impactos no han sido considerados por parte de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo al aprobar el proyecto.
En cuanto a la salud, la WWF señala que: "Además de la destrucción ambiental que conlleva el proyecto, WWF considera muy preocupante que se haya aprobado un proyecto sin evaluar los riesgos de los residuos radioactivos para la población humana: presencia de polvo y partículas radiactivas en el aire, almacenamiento de residuos radioactivos con riesgos de filtraciones al río o al acuífero o roturas de balsas, entre otros".
Cuando la roca de uranio es molida libera un gas atrapado en ella (radón). Esto, sumado al polvo radioactivo y otros residuos de su procesado tienen efectos cancerígenos y pueden viajar por el viento grandes distancias.
Esto, claro está, sumado al riesgo de los trabajadores de la propia mina, una de las actividades industriales más tóxicas que existen.
A nivel económico, la compañía promete 200 empleos y se presenta como solución para las comunidades linderas, pero la megaminería pone en peligro otros sectores productivos, provoca la caída de la valoración económica de las propiedades de los vecinos; y se prevé que la extracción dure solo 10 años. Durante ese tiempo, la mina puede destruir alrededor de 1.000 empleos directos entre ganaderos, empleados de un Balnerario en el pueblo de Retortillo y empresas de turismo en un radio de 30 km.
En Europa solo hay minas de uranio en la República Checa y Rumanía; todas las minas de uranio en Europa occidental se clausuraron. Además, países como Francia o Portugal han abandonado esta actividad por su alto impacto ambiental y su escasa rentabilidad.
¿Qué hay detrás de todo esto? Además de grandes cantidades de dinero a costa de un gran daño, no es casual que luego de las declaraciones de Donald Trump de querer expandir su capacidad nuclear, compañías como Berkeley estén preparándose para proveerlos.
Actualmente, se cree que se pondrán en marcha las actividades de la mina para el 2018. Pero, la Audiencia Nacional dirime la legalidad de la mina e investiga la autorización previa concedida por el Ministerio de Industria en septiembre de 2015. Además, la Comisión Europea también está investigando “si se ha aplicado correctamente el Derecho de la Unión” en la Declaración de Impacto Ambiental firmada por la Junta de Castilla y León.
En el informe actual, los efectos de los residuos radiactivos casi no se mencionan y sus consecuencias ya se han visto en distintas regiones del mundo.
Tú puedes firmar la petición de Change.org y ayudar a que no se permita la minería de uranio a cielo abierto en Salamanca.