Los pueblos originarios fueron los primeros habitantes de nuestras tierras y aquellos que desarrollaron una forma de vida más cercana y respetuosa con el ambiente. Sin embargo, una larga historia de marginación, exclusión, violencia y descrédito a sus saberes fue desplazando a grandes comunidades y separándolas, particularmente, de sus tierras.

El motivo de esto no solo es cultural, sino también económico, ya que grandes extensiones de su territorio son destinadas a grandes proyectos que además de expulsarlos, perjudican al ambiente, como es el caso del avance de los monocultivos como la soja, por ejemplo.

Recientemente, en Chaco, provincia de Argentina, el gobernador (Domingo Peppo) hizo oficialmente un anuncio en el que señaló que, a partir de octubre, harán entrega de títulos de propiedad de la Reserva Grande ubicada dentro del Impenetrable, una zona de bosque nativo que debe su nombre a su carácter agreste. Pero la noticia, aunque parece positiva en primer término, es más compleja de lo que parece. 

Anuncio oficial

La iniciativa incluye la titularidad de más de 300 hectáreas de la "Reserva Grande" que será entregada en octubre a las comunidades originarias Wichí, Qom y Mocoví, y a los pobladores criollos que habitan en el lugar. Según lo anunciado, se habrían realizado consultas públicas en toda la provincia, donde la comunidad originaria señaló su voluntad de que las familias criollas permanezcan en las tierras donde habitan.

A su vez, según anunciaron, el proyecto implicaría la división de mil hectáreas para cada comunidad, la desafectación de caminos, canal, anexos escolares, puestos sanitarios, la regularización de los pobladores criollos por parajes y la conservación del Parque Provincial de Fuerte Esperanza.

Cada comunidad, por su parte, precisaría constituirse como una figura jurídica para poder recibir las escrituras.

“El traspaso legal y definitivo de estas tierras, con la documentación que corresponde y la mensura, constituye una reparación histórica a los pueblos originarios”, señaló por su parte el gobernador.

La versión de las comunidades implicadas

Según afirman en la página web del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), una organización de la sociedad civil con presencia en la región del conflicto, luego de la reforma de la Constitución del Chaco en 1994, el gobierno definió un área de 300 mil hectáreas al sur del Río Bermejitocomo una zona de reserva indígena. 

Luego, con el gobierno de Jorge Capitanich se avanzó en un proceso de consulta a las comunidades originarias, a la medición del territorio y en la titularización a nombre de la organización MOWITOB, que está formada por los Moqoit, Wichí y Toba. Al mismo tiempo también se realizaron reuniones con las familias criollas que vivían en la reserva a fin de consensuar las condiciones para que puedan seguir trabajando allí. Según afirman, los primeros acuerdos implicaban una titularidad comunitaria, y la relocalización de las familias criollas. 

Pero, a fines del año pasado, en el momento en que se estaba por hacer efectiva la entrega del título comunitario, el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, presentó una medida cautelar solicitando la titularización de las tierras ocupadas por las familias criollas.

Esto hizo cambiar la situación hasta el momento: el gobierno, a partir de aquí, elaboró una nueva propuesta de adjudicación de las tierras, en la cual se reconocía al pueblo Wichí cien mil hectáreas fuera de la Reserva, lo cual provocó el rechazo de las organizaciones indígenas y  instituciones como INCUPO (Instituto de Cultura Popular) y ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen).

“No se puede dar títulos a criollos dentro de una reserva indígena, no se puede desalojar a hermanos Wichí para llevarlos a otros lugares que ni conocen. Esta nueva propuesta del gobierno viola nuestros derechos y a la misma Constitución. Por eso presentamos un amparo ante la Justicia", señaló Oscar Villalba, dirigente Moqoit.

Por su parte, Francisco Matorras, abuelo Wichí de Nueva Pompeya afirmó: “Sentimos un gran dolor, porque después de tanto trabajo de hacer mensuras, censos y logrado acuerdos con los hermanos criollos que trabajan dentro de la reserva…el gobierno cambió todo y nos dejó afuera de la Reserva”. 

Sin duda, este conflicto vuelve a poner de manifiesto una lucha histórica por la tierra que, paradójicamente en esa región, siguen desmontando y llevándose madera sin regulación, como denuncian los pueblos originarios. 

Esperamos que los actores involucrados puedan llegar a un consenso pero que de ninguna manera se vuelva hacia atrás con un avance tan importante, que data de muchos años de trabajo y que marcaría un antecedente positivo y alentador para el país y el mundo. Que las voces de los pueblos no dejen de ser oídas, ya que la tenencia de la tierra es una de las reivindicaciones más grandes por las que podemos luchar.