"Los agentes federales se esfuerzan por defender el Estado de Derecho; en este caso, las leyes ambientales de Brasil - a menudo, exponiéndose a un riesgo personal considerable - pero el gobierno de Bolsonaro está saboteando su trabajo", lamentó en un comunicado la directora de HRW Brasil, Maria Laura Canineu.
Según la organización, las sanciones contra infractores ambientales están en la práctica paralizadas en el gigante suramericano desde el pasado 8 de octubre, cuando entraron en vigor nuevos procedimientos en materia de medioambiente a raíz de un decreto presentado en abril del año pasado por el líder ultraderechista.
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Estos nuevos procedimientos prevén la obligatoriedad de que las multas ambientales sean revisadas en audiencias de conciliación, donde pueden ofrecerse descuentos de las sanciones o hasta declararse su nulidad.
La suspensión de las multas en la práctica, de acuerdo con HRW, es "una de las varias medidas que Bolsonaro adoptó para debilitar la aplicación de las leyes ambientales y la protección del medioambiente" en Brasil.
Entre los meses de octubre de 2019 y abril de 2020, la organización tan solo reportó apenas un total de cinco casos en los que fueron impuestas sanciones a los responsables de la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña.
"Esto significa que, en la práctica, están suspendidas millones de multas contra aquellos que destruyen el medio ambiente", criticó.
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Por un lado, los infractores "no tienen la obligación de pagar la multa" mientras esperan las celebraciones de las audiencias y, por otro lado, tienen "pocos incentivos" para solicitar un volante de pago porque saben que en la audiencia pueden tener descuentos de hasta el 60 %, conforme establece el nuevo decreto gubernamental.
Además, con la llegada de la pandemia del coronavirus en Brasil, se suspendieron por un plazo indeterminado las audiencias, un hecho que ha sido criticado por HWR al considerar que éstas pueden realizarse por medio electrónico.
Fuente: DW