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La organización ambientalista Greenpeace manifestó su completo rechazo hacia la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la exploración sísmica en el Mar Argentino, pese al dictamen de primera instancia y al reclamo incansable de la ciudadanía por frenar estos proyectos.
Marchamos para exigir Mar Argentino Sin Petroleo
La decisión judicial ocurre cerca de cumplirse un año desde que Ministerio de Ambiente aprobara esta actividad, el 30 de diciembre pasado.
“Este fallo es una condena para el Mar Argentino. La Cámara cede ante las constantes presiones del gobierno y la industria. Decidió dejar sin efecto la cautelar y aprobar la exploración sísmica, sin argumentación que sustente este decisión e ignorando deliberadamente los fundamentos presentados que demuestran la afectación directa de esta actividad al clima, el mar, la biodiversidad marina y las comunidades”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
Pese a esta decisión, desde la organización afirmaron que esto es sólo una etapa dentro de un largo proceso judicial, y que harán uso de las siguientes instancias que permitan revocar esta situación, exigiendo la cancelación de los proyectos offshore en el Mar Argentino incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Como organización independiente política y económicamente, que lleva años junto a las comunidades luchando para detener la exploración sísmica en Mar Argentino, reafirmamos más que nunca nuestro compromiso de continuar para detener la exploración petrolera y haciendo frente al fortísimo lobby empresarial. Este proyecto implica la destrucción de uno de los ecosistemas más relevantes del Atlántico Sur para abultar el fondo soberano de un país rico de Europa”, agregó la vocera de la ONG.
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El día de ayer, ciudadanos marplatenses se movilizaron hacia la Cámara, como en cada “#Atlanticazo”, para reclamar la nulidad de estos proyectos.
La causa ingresó en el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata en febrero.
En su resolución del 18 de octubre, el Juez Martín, a cargo de la causa, consideró que la declaratoria de impacto ambiental presentada por Equinor y aprobada por el Ministerio de Ambiente no solo no cumplía con los requisitos exigidos por la justicia, sino que explícitamente reconocía un daño a la ballena Franca Austral y el ecosistema marino.
