La frase tan comentada del rey Juan Carlos, "todos somos iguales ante la ley", tiene evidentes excepciones. Y en este caso la beneficiada ha sido la reina Isabel II, que se ha opuesto a aplicar en sus propiedades escocesas, entre otras su residencia de Balmoral, una ley clave en la lucha contra el cambio climático.

El Gobierno escocés, que aprobaba esta ley hace unos meses, no dudó en hacer una excepción con la monarca para poder aprobar esta normativa, pero sin que a ella le afectara.

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La reina Isabel no está obligada a aplicarla en sus terrenos. Por eso, la polémica no se ha hecho esperar, ya que además no es la primera vez que utiliza su estatus, título y papel para estar libre de las leyes que aplica el Gobierno.

La última vez ocurrió hace unos meses, cuando el medio The Guardian publicó que, también a través de sus abogados, había presionado al Gobierno para que cambiara la ley que le permitía no revelar su fortuna.

reina isabel

¿qué dice la ley?

El proyecto, que se debatió en febrero en el Parlamento escocés, impulsaba la construcción de tuberías para calentar hogares y negocios usando energías renovables, lo que ayudaría a reducir las emisiones, reducir la pobreza energética y crear empleos verdes. Pero para eso se obligaba a algunos propietarios a vender a empresas y entidades públicas los terrenos que se les requirieran.

Y, por supuesto, el plan choca directamente con los intereses personales de la reina Isabel, que es la mayor terrateniente de Escocia. Por eso sería la propietaria más afectada por esta normativa, algo a lo que no estaba dispuesta.

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castillo balmoral
El castillo de Balmoral es una de las propiedades favoritas de la Reina.

una ley que afecta los intereses reales

¿Por qué ha podido la reina Isabel acceder a esta ley antes de que esté aprobada? Pues por otro de sus privilegios como monarca. Desde el siglo XVIII, existe un procedimiento parlamentario llamado el “consentimiento de la Reina”, que da al monarca una visión anticipada de la legislación.

Así, los abogados de la reina Isabel pudieron intervenir en el proceso parlamentario, expresando su “preocupación” porque esta ley afectaba directamente a los intereses de la monarca.

Finalmente, dio su aprobación a la ley, tal y como el entonces ministro de Energía, Paul Wheelhouse, registró en el Parlamento. Pero también registró una enmienda para sacar de la ley a las tierras que son propiedad privada de Isabel II, evitando así que se viera obligada a vender terrenos a empresas y entidades públicas para permitir la construcción de los gasoductos de energía verde.

Por supuesto que se encendió un gran debate en el Parlamento Británico, ya que varios partidos políticos no estaban de acuerdo con que, ante un asunto tan importante como la emergencia climática, se tuviera que hacer una excepción con Isabel II.

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Fuente: vanitatis.elconfidencial.com